La Globalización amenaza los derechos laborales

La Globalización amenaza los Derechos Laborales

Charles Tilly [1]

Como podemos apreciar en Europa y en Asia, la globalización política y económica se dio, al menos, en tres oportunidades entre el siglo X y el siglo XX:

- en el siglo XIII, cuando los Mongoles construyeron "un Imperio continental que abarcaba, desde la región este de Europa y Rusia por el oeste, las costas del pacífico al este, los bosques de Siberia al norte y la región de la Mesopotamia al sur" ( Barfield 1994: 173).

- en el siglo XVI, cuando la expansión militar y económica de los europeos conectó la India con el Caribe, constituyendo un denso entramado de intercambio y dominación.

- en el siglo XIX, cuando las 4/5 partes del mundo quedaron bajo el dominio de los europeos.

Durante estos mil anos, además, Janet Lippman Abu-Lughod (1992) sostiene que el mundo se globalizó culturalmente en dos oportunidades antes del siglo XX: con la introducción de la imprenta en el siglo XV, y con la introducción del telégrafo y del teléfono en el siglo XIX. De este modo, tenemos por lo menos cinco candidatos que habrían dado lugar a distintas olas de globalización entre los siglos XI y XX. Algunos de ellos han colapsado: por ejemplo la dominación mongol parece haber sucumbido ante la combinación de la plaga, de factores climáticos -lo cual redujo la productividad agrícola de los Mongoles-, y de la expansión marítima europea, flanqueando, de esta manera, la ruta a través de la cual se establecía el comercio terrestre entre el este de Asia y Europa.

Que podría decirse acerca del siglo XX? Son las transformaciones políticas, económicas y culturales de nuestro tiempo, nuevas formas, y hasta más intensivas de globalización, comparables con los ejemplos citados precedentemente? Algunos especialistas han dicho que los recientes cambios superaron anteriores períodos de globalización ( e.g. Castells 1993, Featherstone 1990, King 1991, Luard 1990, Mittelman 1994). Cualquiera sea la hipérbole, esta requiere ser definida y medida. Idealmente, la globalización implica un incremento en los alcances geográficos de las interacciones sociales locales relevantes, especialmente cuando aquel incremento extiende una proporción significativa de todas las interacciones, de una parte a otra de los límites internacionales o intercontinentales. Cada uno de los períodos anteriores de globalización hicieron justamente esto. En una medida ideal, esta definición podría expresarse de la siguiente manera:

d (E[DC]*N )

DxC comprende todas las interacciones, D (en un rango de 0-1) representa el continuo que va desde el mínimo hasta el máximo posible de las distancias en la superficie de la tierra, C (Igualmente 0-1) representa la consecuencialidad, desde las cuestiones más triviales hasta transformaciones de la vida, y N representa el número total de interacciones. Una valoración positiva en algún índice, registraría la globalización, y una valoración negativa, la territorialización. Estamos muy lejos de la evidencia para tal medición.

En la búsqueda de aproximaciones más fáciles, supongamos que focalizamos el análisis en aquellas interacciones que atraviesan los límites del estado, y pensamos en un espacio de dos dimensiones: (la proporción de todas las interacciones que atraviesan los límites del estado) x ( la influencia de aquellas interacciones en la vida local). Cuando la proporción y la influencia local de aquellas interacciones se incrementa, hay globalización. La figura 1 presenta esta versión simplificada. A pesar de que carecemos de indicadores válidos que den cuenta de manera indiscutible de los procesos, su impacto y alcance, una gran cantidad de senales apuntan a la globalización, así definida, como una de las tendencias dominantes de la era. Consideremos esto en el entramado internacional:

* En 1990, la venta mundial de Exxon fue de 90.5 billones de dólares, cifra que excedió el Producto Bruto Nacional de algunos países europeos como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Turquía y Yugoslavia, para no mencionar a la mayoría de los países de Asia, África y América del Sur (UNCTAD 1993: 26; Sivard 1993:43-44).

* Los ciudadanos de Kuwait constituían el 55 % de la población de Kuwait en 1957, en 1985 un 40 % , de los cuales un 78 % de la fuerza de trabajo de Kuwait no eran ciudadanos (Shah 1986:815). Asimismo, otros países de la zona del Golfo reclutaban mayoritariamente trabajadores extranjeros.

* En los '80, un Ford Escort armado en Halewood (Reino Unido) o en Saarlouis ( República Federal Alemana) contenía partes provenientes de Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria, Japón, Suiza, Italia, España, Estados Unidos, Canadá y Francia (Banco Mundial 1987:39).

* Desde 1970 hasta 1991, las inversiones extranjeras a nivel mundial tuvieron un incremento de alrededor del 13 % anual, mientras el producto bruto interno creció a una tasa declinante, promediando cerca del 4 %. (UNCTAD 1993: 92-93).

* Se estima que la contribución humana mundial por ano al calentamiento del planeta, con el consecuente efecto invernadero, es seis veces mayor durante los '80 que lo registrado en el período 1765-1960; una vasta mayoría de este incremento es resultado de la quema de combustible y del uso de clorofluocarbonos, ambos originados, principalmente, en áreas industriales urbanas, diseminando sus efectos a lo largo del mundo ( Stern, Young & Druckman 1992: 47-51).

* "La empresa IBM (Estados Unidos) forjó una alianza con Thomson-CSF (Francia) en el mercado de los microprocesadores, con Toshiba (Japón) para cooperar en el desarrollo de los chips de acceso a la memoria random estática, con Siemens (Alemania) para trabajar en el desarrollo de los chips de acceso a la memoria random dinámica, y con Toshiba y Siemens para construir un nuevo megabyte chip de 256" (UNCTAD 1993: 143).

* A pesar de que la primera epidemia reconocida de SIDA ocurrió en Norte América, en los '90 se calcula que en el mundo hay 8.8 millones de portadores de HIV, de los cuales 5.8 millones se concentran al sur de la región del Sahara en África (Banco Mundial 1993: 33, 99).

* De los 1,95 trillones de dólares en inversiones extranjeras en 1992, 1.17 trillones vinieron de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania; alrededor de las tres cuartas partes del total fueron invertidas en países ya "desarrollados". (UNCTAD 1993: 14).

* Al final de los '90, el mundo hospedó a cerca de 17 millones de refugiados designados oficialmente, población desplazada de sus países de origen por iniciativa estatal o por desastres naturales. Alrededor de 5.7 millones de ellos estaban en África, otros 7.9 millones en Asia (Naciones Unidas 1993a: 20-21). En 1994, el total estimado se incrementó a 19 millones ( New York Times, 20 marzo 1994).

Estos puntos no revelan solamente el carácter internacional de estos cambios, sino sobre todo las influencias intercontinentales de grandes esferas en constante expansión. Si bien no es posible tener cifras estadísticas compactas, la actual tendencia en el flujo de enfermedades, trabajadores, polución, armas, drogas, tecnología, información, mercancías, prácticas políticas y formas culturales, en general, dan una impresión de globalización.

No todos los cambios, para ser exactos, van en la misma dirección. De 34 países pobres, solamente 12 -República Dominicana, Egipto, El Salvador, Jamaica, Lesotho, Mali, México, Filipinas, Sri Lanka, Suaziland, Túnez y Yugoslavia- obtenían mayores proporciones del total de moneda extranjera proveniente de los envíos de los emigrantes en 1990 que en 1981 (Naciones Unidas 1993b: 17). La recesión mundial y el cambio hacia las exportaciones, probablemente contribuyeron a esta desglobalización. David Gordon, por otra parte, ha señalado el proceso reciente de globalización no tanto como una transformación del mundo sin precedentes, sino como una fase relativamente menor en el proceso de larga duración de acumulación del capital (Gordon 1988). Desde otro punto de vista, Paul Hirst y Grahame Thompson (1992) han leído las recientes transformaciones económicas, como una constante creación de bloques comerciales, que en realidad no hacen más que intensificar la supremacía estatal en competencia con aquellos bloques comerciales, mas que crear una economía global antiestado o sin estado. Casi todos los especialistas acuerdan con que en las últimas décadas las conexiones globales se han visto intensificadas, pero la significación de esta intensificación aparece como dudosa.

Permítasenos señalar tres conclusiones posibles: 1) si es que la globalización está ocurriendo, esta no consiste en un único camino, sino en un movimiento que toma una dirección global con una gran significancia de los contra-movimientos; 2) como es usual, corremos el riesgo de confundir fluctuaciones cíclicas con tendencias de larga duración y transformaciones permanentes; 3) algunas generalizaciones que nosotros efectuamos en el trabajo, requieren de mediciones más diferenciadas y abarcativas del conjunto. No podemos estar seguros si nunca serán revertidas las tendencias, pero si podemos asegurar que en las décadas recientes, el mundo, entendido en un sentido global, ha experimentado un significativo incremento en los alcances geográficos de las interacciones sociales locales relevantes.

Como es apropiado para un artículo polémico, correré el riesgo de asumir que si la paja corre en una misma dirección, es porque todas deben responder a un único y fuerte viento. No me voy a concentrar en los orígenes, o en la naturaleza del temporal, pero si en las consecuencias. Lo que intentaré argumentar es que la globalización amenaza la estabilidad de los derechos laborales en el sentido que esta estaría socavando la capacidad del estado para garantizar la vigencia de aquellos derechos. Para llevar adelante mi razonamiento sobre la cadena causal implicada en este movimiento, voy a valerme exclusivamente de la historia del Oeste Europeo, que por otra parte, es la historia que mejor conozco. Trataremos de profundizar en esta historia, con la convicción que en este caso, y como también sucede a menudo, una perspectiva histórica contribuye a clarificar lo que está sucediendo hoy en el mundo, y lo que podría suceder en el futuro. Basadas en una lectura de la historia europea, las principales ideas de este ensayo son las siguientes:

1- Los derechos ( reclamos que se pueden hacer valer públicamente) llegaron a constituirse como tales como resultado de negociaciones en las que se instauran contratos; las autoridades, especialmente las de gobierno, son siempre partes -algunas veces la parte principal, otras quienes los hacen valer públicamente, algunas ambas. Sin autoridades los derechos no existen. De todos modos, las autoridades relevantes no son siempre estados soberanos.

2- A pesar de que en algunos países de occidente los derechos adquiridos por algunos grupos de trabajadores fueron sancionados por municipalidades y otras organizaciones con anterioridad a 1800 los estados tenían una escasa participación en esos contratos antes del siglo XIX. Dicho de otra manera, hasta ese momento, los trabajadores gozaban de pocos derechos a escala nacional.

3- A través de una intensa actividad huelguista, de profundas transformaciones en la organización de los estados, los trabajadores, en los países capitalistas, adquirieron una sustancial cantidad de derechos colectivos alrededor de 1850. Aquellos derechos se expandieron irregularmente durante la segunda Guerra Mundial.

4- La ciudadanía y la democracia llegaron a depender del mantenimiento de esos derechos.

5- Estos derechos vinculaban colectivamente los trabajadores a estados particulares, y por lo tanto, dependía de la capacidad que los estados tenían para hacer valer los reclamos de los trabajadores frente a otros, especialmente los capitalistas.

6- En general, la misma capacidad de los estados para llevar a cabo políticas sociales, incluyendo los derechos laborales, también dependía de la creación de controles efectivos alrededor de los flujos y reservas de armas, enfermedades, personas, polución, drogas, dinero, otros capitales, tecnología, información, mercancías, prácticas políticas, y formas culturales, dentro de territorios bien delimitados.

7- Después de alrededor de 1850 los estados capitalistas lograron imponer controles significativos sobre aquellas reservas y flujos señalados anteriormente.

8- Como resultado de esto, los ciudadanos (incluidos los trabajadores) demandaron un incremento en los programas estatales destinados a expandir y garantizar sus derechos, y de ese modo, se sancionaron una gran cantidad de controles estatales sobre aquellos flujos y reservas.

9- La globalización de muchas actividades económicas y la creación de poderosas organizaciones supranacionales, está minando la capacidad de los estados nacionales de monitorear y controlar estas reservas y flujos, y por ende, su capacidad efectiva de poner en práctica políticas sociales efectivas, incluyendo los derechos laborales.

10- Por lo tanto, los cambios que están ocurriendo actualmente amenazan a todos los derechos ensamblados en el estado, incluidos los derechos laborales.

11- En el mundo, los capitalistas han sabido reconocer y han sabido tomar ventaja de estos cambios más rápidamente que los trabajadores.

12- Sin embargo, reacciones chauvinistas y otras reacciones de los trabajadores, implican una mayor conciencia de estas transformaciones.

13- Las respuestas chauvinistas y proteccionistas no defenderán los derechos laborales.

14- El mundo capitalista, por lo tanto, asiste a la finalización de aquel ciclo de establecimiento de derechos que comenzó alrededor de 1850.

15- Para que los trabajadores puedan gozar de derechos laborales en el nuevo orden mundial deberán inventar nuevas estrategias en una escala internacional del capital.

16- Esto no parece estar sucediendo. Contrariamente, aún a nivel de estados individuales, los derechos parecen estar decayendo.

17- En el largo plazo, esta pérdida amenaza no sólo los derechos laborales, sino la democracia en general.

Las tesis que he expuesto pueden tener algunos errores, pude haber leído mal la historia europea, pude haber interpretado erróneamente las actuales tendencias, mis razonamientos pueden contener problemas lógicos, y podría decirse que la experiencia pasada europea, sencillamente no puede aplicarse a la situación actual. Seguramente, he cometido algunos de esos errores, tal vez todos; la pregunta es cuáles, cómo, y con qué consecuencias para poder seguir mi razonamiento. Continuando con la crítica a mi trabajo, por ejemplo, me gustaría señalar -y reconozco que no me detengo en esto en el trabajo- que los derechos laborales han evolucionado de forma diferente en Holanda, Finlandia y en los Balcanes. Sin embargo, no queda claro que mi descuido en la inclusión de estas variaciones, vicie el argumento central del trabajo.

Algunas de las ideas expuestas en las tesis, en todo caso, tienen cierta familiaridad; las últimas de la lista, por ejemplo, han aparecido con frecuencia en discusiones sobre el trabajo en la Comunidad Europea y en el Tratado del Libre Comercio en los países de América del Norte. Anarquistas, anarco-sindicalistas, y aquellos quienes proclaman una única federación centralizada, han batallado sobre las consecuencias que traería aparejado colaborar con el estado, por más de un siglo. El mérito de mis conjeturas es que intento conectar temas familiares de forma más explícita y a lo largo de un período mayor que el usual.

Los derechos son reclamos que pueden hacerse valer públicamente. La gente hace una gran cantidad de reclamos que no pueden imponerse públicamente: por respeto, por la intervención divina, por paz y tranquilidad, y por mucho más. Estos reclamos de índole privada no tienen fuerza pública. Sabemos que para que los reclamos tengan fuerza pública tienen que intervenir terceros, incluyendo a las agencias de gobierno, ( por "gobierno" entiendo una organización que controla sustancialmente los medios de coerción, y que tiene prioridad en el uso de esos medios de coerción sobre otras organizaciones en un territorio delimitado). En general, los derechos toman la forma de contratos públicos, incluidos los contratos implícitos y los no escritos; ellos especifican reclamos lícitos y con fuerza de ley de una parte a otra, involucran a terceras partes como árbitro y garante. En el mundo, los derechos emergieron como resultado de luchas, negociaciones, tratados, y pactos.

En el límite diferentes agencias de gobierno constituyen dos tercios del triángulo; los derechos de los veteranos de guerra, por ejemplo, dan una categoría formalmente identificable para la gente que reclama por sus derechos al estado -derechos de pensión, de empleos preferenciales-; pero en aquellos casos de disputa, los demandantes recurren, especialmente, no a otros grupos de ciudadanos sino a otras ramas del mismo estado. Otros tipos de gobierno que no es el estado, como las comunidades locales, a menudo cumplen el mismo rol. Todos los derechos se enraízan en autoridades particulares y en un determinado juego de relaciones sociales. Aquellos derechos a los que nosotros llamamos "generales" son simplemente aquellos que alcanzan a todos los ciudadanos de un estado o de una serie de estados conectados.

Los participantes en movimientos sociales a menudo sostienen que este principio es falso: como si los derechos fueran dados por Dios, por la naturaleza, por lógica, o por aprobación universal, como si su existencia fuera anterior a las obligaciones del estado de hacerlos cumplir. No obstante, si miramos bien, algunos reclamos siempre tienden a demandar que las autoridades reconozcan, garanticen, aprueben, los derechos en cuestión. Los movimientos sociales se centran en reclamar a las autoridades establecidas por cambios sustanciales en nombre de poblaciones injustamente desaventajada. A pesar de esto, algunas veces, los derechos en cuestión consisten simplemente en no estorbar la existencia, simplemente reclaman y tratan de imponer esos derechos. Solamente adquieren esos derechos como derechos cuando las autoridades acuerdan actuar en refuerzo de sus reclamos. Los activistas en movimientos sociales nacionales intentan obligar a las autoridades -mayoritariamente agencias del estado- hacia la sanción de derechos aplicables a nivel nacional.

2- A pesar de que en algunos países de occidente los derechos adquiridos por algunos grupos de trabajadores fueron sancionados por municipalidades y otras organizaciones con anterioridad a 1800, los estados tenían una escasa participación en esos contratos antes del siglo XIX. Dicho de otra manera, hasta ese momento, los trabajadores gozaban de pocos derechos a escala nacional.

En Europa antes de 1800, diferentes grupos de trabajadores hacían uso de sus derechos, definidos frecuentemente de esta manera: para monopolizar la producción y vender las mercancías dentro de lo estipulado en el mercado, para regular la entrada de nuevos productores y de nuevos proveedores dentro de sus oficios, para negociar colectivamente con empleadores locales sobre las condiciones de producción y de remuneración, para ganar un acceso preferencial al suministro alimentario local en tiempos de crisis, para recoger, cazar, y/o pastorear en tierras comunes o desiertas, para llevar las quejas a la corte, y para disciplinar a miembros renegados de su propio sindicato. En general, los trabajadores no eran muy proclives a compartir derechos que eran específicos de los trabajadores como organizar sindicatos, luchar en contra de los empleadores individualmente, ofrecerle a candidatos políticos apoyo organizado, dirigirse directamente a autoridades políticas nacionales, portar armas, u obtener compensaciones monetarias por injurias de fondos públicos. A pesar de que la gente hacía uso de sus derechos individuales como miembros de comunidades, iglesias, familias, y otras organizaciones, los derechos de los trabajadores se aplicaban a los trabajadores de forma individual cuando tenían una real pertenencia a un oficio.

Antes del siglo XIX el estado raramente actuaba como el tercer actor en la constitución de estos derechos. A cambio, municipalidades, parroquias, tribunales, y autoridades similares, pero de menor jerarquía, garantizaban esos derechos, los arbitraban, y finalmente los hacían valer públicamente. En Inglaterra, algunas veces los historiadores hablaban como si el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto de los Artesanos, la Ley de Pobres, el Tribunal que regula el precio del pan, se encargaran de establecer las reivindicaciones de los plebeyos contra la corona, pero en realidad, la mayor parte de las veces, servían para justificar a los magistrados de los condados, que eran los intermediarios autónomos sancionados por la Corona. El Parlamento, por ejemplo, intervenía en el suministro de alimento, pero casi exclusivamente otorgando permisos, o prohibiendo exportaciones, y comprometiendo el envío de provisiones a la guerra. La Corona, de esta manera, intervenía especialmente en el envío de fuerzas armadas para proteger los embarques o para disolver a la muchedumbre que se apoderaba de los granos. La legislación parlamentaria del siglo XVIII para los tejedores de Spitalfields y los marinos mercantes se destacaba por su excepcionalidad, que en ningún modo le otorgaba a otros trabajadores la posibilidad de solicitar protección estatal. Por encima de todo, los derechos de los trabajadores, en los lugares donde existían, se restringían a las relaciones entre grupos de trabajadores particulares y los municipios, no los estados nacionales.

La situación cambió profundamente durante el siglo XIX. Como consecuencia especialmente de la expansión de la guerra, los estados intervinieron mucho más directamente en la vida de la población después de 1750, generando, por lo tanto, nuevas resistencias, luchas, negocios, y convenios en la forma de derechos. Además, la significativa expansión de la capacidad del estado, implicó que el estado llegara a tener una participación en una más amplia variedad de transacciones que antes, y de este modo, se constituía en un blanco más atractivo como objeto de nuevas demandas. El estado capaz de recaudar impuestos y ejercer el poder de policía estaba en condiciones también de regular las condiciones de trabajo, organizar escuelas, y construir carreteras. Al mismo tiempo, la concentración y la nacionalización del capital, le dieron a los trabajadores conexiones y objetos centrales de reclamos que ellos previamente no habían conocido.

Solamente después de 1850, como consecuencia de esto, los trabajadores llevaron a cabo una muy sostenida acción colectiva, que les otorgó derechos para organizarse colectivamente, para hacer huelgas empresa por empresa, o para buscar representación política. Este es un calendario de las principales fechas de adquisición de los derechos de los trabajadores a formar asociaciones públicas:

1824: Reino Unido ( incluyendo Irlanda)

1864: Suecia

1830: Bélgica

1869: Alemania

1839: Noruega

1870: Austria

1848: Suiza

1884: Francia

1855: Holanda

1890: Italia

1857: Dinamarca

( Ebbinghaus 1993: 46)

Obviamente estos datos son aproximados, como deben serlo las fechas relativas a algún derecho específico. En Francia, por ejemplo, las corporaciones sindicales realmente llegaron a existir y actuar en un marco legal, antes de la Revolución de 1789. La ley Le Chapelier de 1791 prohibía todas las asociaciones de trabajadores; las leyes de 1810 y 1834, luego agudizaron las penalizaciones para esas asociaciones. El segundo día de la revolución de 1848, la nueva República Francesa declaró la libertad de asociación, sufragio para los hombres, y el "derecho a trabajar" -lo que esencialmente significaba que el gobierno garantizaba que los trabajadores encontrarían trabajo. Sin embargo, luego de unos meses de expansión de los derechos laborales, el gobierno implementó una ola de restricciones, que continuó expandiéndose a través del golpe de estado de Louis Napoleon de Diciembre de 1851 y el establecimiento del imperio el ano siguiente.

Mientras la legislación de 1864 legalizó un vasto número de huelgas, aún declaraba que los sindicatos estaban fuera de los límites. En 1868, el Emperador Louis Napoleon decretó una medida de tolerancia para las organizaciones de los trabajadores sin garantizarles una total libertad de acción. En 1884, La ley Waldeck-Rousseau concedió "personalidad civil" a los sindicatos, lo cual significaba que podían tomar posiciones públicas y ser dueños de propiedades. La ley aún prohibía las federaciones de sindicatos. Los empleados públicos, además, estuvieron regulados por otros estatutos y decretos más restrictivos hasta 1946, y también hasta entonces carecían del derecho a huelga. Además, el Frente Popular propugnaba por una extensión de los derechos a organizarse, mientras los regímenes de Vichy y de la ocupación restringieron radicalmente todos esos derechos. De este modo, 1884 marca un punto de inflexión , una fecha crucial en la cronología francesa, aunque esto no signifique que de una vez y para siempre se avanzaría en el levantamiento de la prohibición de todos los derechos de asociación de los trabajadores.

La experiencia francesa ofrece una nueva advertencia en contra de un punto de vista que concibe a los derechos en expansión/evolución pareja y ascendente. En general, los acuerdos efectuados entre los tres actores, los capitalistas, los trabajadores y el estado, delineaban líneas de separación entre la legalidad y la ilegalidad de las formas de organización y de acción más claro de lo que habían prevalecido hasta el momento. Cuando aceptaron el derecho legal a la huelga, los trabajadores también aceptaron restricciones más fuertes en relación a: la destrucción de maquinarias, el ataque directo a empleadores, el disciplinamiento violento de trabajadores renegados, las apelaciones insurreccionales a los oficiales locales, y una gran variedad de otras cuestiones que, previamente, habían florecido en una tierra de sombras legal. Cuando la elección entre huelgas aceptadas y actividades revolucionarias inaceptables se hizo más definitiva, los vínculos entre los sindicalistas y los revolucionarios disminuyeron.

Estas disminución en las huelgas provee la razón de ser ( el pathos ) al sugestivo tratamiento que hace Michel Perrot de las huelgas en Francia entre 1870 y 1890 (1974); para Perrot, la masiva y ordenada huelga del 1ro de mayo de 1890, marcó no tanto los orígenes del levantamiento de los trabajadores sino el fin de su potencial revolucionario. Sin embargo, Gerald Friedman ( 1988, 1990) ha mostrado que en comparación con los trabajadores americanos, los trabajadores franceses obtuvieron algunas ventajas a partir de su colaboración, específicamente una mayor probabilidad de que la intervención del estado en las huelgas no conduciría a una represión sino a satisfacer las demandas de los trabajadores. El punto, en este sentido, no es que cada derecho adquirido evidenciaba una traición de los trabajadores, sino que cada negociación implicaba un balance entre la obligatoriedad de los derechos adquiridos y las oportunidades y prácticas perdidas.

Aquellos derechos fueron muchos. En la enumeración de los derechos de la ciudadanía de Thomas Janoski, los derechos de los diferentes grupos de trabajadores en tanto trabajadores, se relacionaban con contratos, organización del empleo, rehabilitación física, educación vocacional, compensación por desempleo, seguro por lesiones de trabajo, programas de creación de empleos, servicios de colocación de empleos, seguridad laboral, codeterminación, participación de clientes en agencias, acción afirmativa y valores comparables, negociación colectiva, política de salarios y de ingresos, fondos de los asalariados y de los sindicatos; sin explicación previa, Janoski omite el derecho de huelga y el derecho a acumular pensiones ( Janoski 1990: 18). Es más, como ciudadanos, los trabajadores algunas veces han ejercitado una serie de derechos personales, de asociación, legales y políticos más generales - por ejemplo: el derecho a asociarse y a votar- que afectan su poder como trabajadores. A pesar de la considerable variación que hay de una industria a otra, y de un estado a otro estado, tales derechos se expandieron sustancialmente a través de las luchas que se sucedieron después de 1850.

4- La ciudadanía y la democracia llegaron a depender del mantenimiento de esos derechos.

Es necesaria otra pausa para realizar algunas definiciones. La ciudadanía consiste en una serie de obligaciones y derechos mutuos que ligan a agentes estatales con una población definida exclusivamente por las relaciones legales que mantiene con ese estado. En la medida en que el vínculo de la población con el estado se da mediante la religión, la protección, tributos, monarquía, simple subordinación militar, u otras formas indirectas de dominio, a través de las cuales históricamente los estados han mantenido su hegemonía, la palabra "ciudadano" describe de forma muy pobre su posición vis à vis el estado; reservemos, en este sentido, la noción de ciudadano para situaciones en las cuales hay derechos relativamente directos y extensivos. La democracia, desde mi punto de vista, tiene cuatro componentes:

1) una relativamente amplia ciudadanía;

2) una relativa igualdad en la ciudadanía;

3) una consulta obligatoria a los ciudadanos en relación con el personal del estado y con las políticas del estado;

4) una sustancial protección de los ciudadanos de la acción estatal arbitraria.

Tal definición es un tipo ideal, estatista y conductista: un tipo ideal que caracteriza a una política como democrática siempre que haya ampliación e igualdad de la ciudadanía, consulta popular y protección; estatista en el sentido que liga la democracia con las características del estado; y conductista al considerar que el grado de democracia determina no tanto la estructura formal del estado sino su forma de operar. Esta definición se encuentra a mitad de camino entre: a) definiciones más institucionales de la democracia, que ponen énfasis en la presencia de un gobierno parlamentario, elecciones libres, diversas formas de organización, sin reparar en sus consecuencias sociales, y b) definiciones más sustantivas de la democracia, que insisten en la generalización de la igualdad, la adecuada representación de intereses, la satisfacción de necesidades, o similares resultados, sin reparar en la intervención del estado o en su estructura formal. Si simplificamos cada uno de estos componentes en una dicotomía -alto (1) y bajo (0)- podemos caracterizar una plena democracia como 1111, y una total tiranía como 0000, una oligarquía como 0010 o 0011 dependiendo de su propensión a una competencia letal entre las fracciones dominantes, una dictadura totalitaria como 1100, y así sucesivamente mediante una serie de combinaciones.

Esta formulación es importante para nuestro propósito dada la medición de democracia a la que se comúnmente se llega en los países de occidente mediante la ampliación y la igualación de la ciudadanía, en situaciones en las que una elite ya gozaba de derechos categóricos sustantivos, a través de una extensión de los derechos que miembros de esa elite ya hacían uso; las trayectorias comunes se organizaban de la siguiente forma:

0010-----0011-----1011-----1111

0001-----0011-----0111-----1111

en los puntos extremos de ninguna forma encontramos una universalidad o una igualdad total de la ciudadanía, pero si estaba más cerca de aquellos límites de lo que ha sido usual en la historia de los estados europeos aproximadamente en sus 8,000 anos de existencia. En Europa y sus alrededores, la expansión y la igualdad se dieron considerando dos mecanismos: por un lado, otorgando mayor poder a las autoridades electas, y por el otro, a partir de la extensión del sufragio.

En este punto encontramos el cruce entre democracia y evolución de los derechos de los trabajadores. La expansión de la proletarización del trabajo en Europa durante el siglo XIX, por un lado, y la expansión del sufragio más allá del 50 % de los hombres adultos en casi todos los países de Europa después de 1840 aproximadamente, por el otro, dio como resultado el otorgamiento de derechos a algunos asalariados. En 1843, por ejemplo, alrededor del 70 % de la fuerza de trabajo total de Saxony, considerada asalariada, estaba compuesta por jardineros, peones de campo o trabajadores urbanos en relación de dependencia ( Blaschke 1967: 190-191). En el agro inglés, los peones sin tierras constituían aproximadamente el 49 % de todos los trabajadores hombres en 1862, el 76 % en 1831, para llegar a un pico del 81 % en 1851; la proletarización continuó a un ritmo similar en las fábricas. Por lo tanto, En Saxony, Inglaterra, así como en otros lugares, la extensión del sufragio a la mayoría de los hombres implicó el otorgamiento de derechos a muchos asalariados.

Así, durante el siglo XIX, la expansión de la ciudadanía mediante la extensión del sufragio en los países de Europa, necesariamente implicó la incorporación de los trabajadores, incluyendo a los trabajadores de oficios mejor remunerados, quienes, en relación al promedio, estaban más organizados que otros trabajadores, como los peones sin tierras. El otorgamiento de mayor poder a las autoridades electas, especialmente los miembros del parlamento nacional, implicaba, simultáneamente, transformar a las elecciones en un camino para incrementar el poder. La derrota electoral suponía una pérdida de poder significativa, de este modo, los votantes tenían una capacidad de influencia que hasta el momento no habían ejercitado: ellos podrían expulsar a las autoridades de las posiciones por ellos anheladas. Los trabajadores y sus aliados burgueses, comúnmente, propugnaban no sólo por la expansión del electorado, más aún, por una igualación de los derechos de los ciudadanos -al menos de los derechos de los ciudadanos hombres.

La figura 2 muestra la relación temporal entre la expansión del sufragio y la primera legalización dramática de asociaciones de trabajadores en algunos estados de Europa Occidental durante el siglo XIX ( Ebbinghaus 1993: 46). En él se identifican dos grupos: los estados que han instituido el sufragio tempranamente como respuesta a las revoluciones de 1848 ( Suiza, Dinamarca, y Francia) o a la guerra Franco-Prusiana

( Alemania en el nivel federal), y otro grupo de estados -Reino Unido, Bélgica, Noruega, Holanda, Suecia, Austria e Italia- en los cuales hay una relación casi lineal entre la extensión del sufragio y los derechos de asociación de los trabajadores. En el primer grupo, el punto crítico del 50 % de sufragio masculino ocurrió con una relativa proximidad a la primera legalización sustantiva de las asociaciones de trabajadores, mientras que en el segundo grupo, el sufragio quedó retrasado en relación a las asociaciones por un período de 40 o 60 anos. Francia ocupa la posición más desviada, con el establecimiento del sufragio durante la revolución de 1848, nunca totalmente eliminado por las maniobras electorales de Louis Napoleon, pero sin una legalización de las asociaciones de trabajadores hasta 1884 -una cronología lo suficientemente fácil para explicar en términos de la historia política particular de Francia, pero no obstante, una advertencia para no imaginar una trayectoria lineal de la democratización y los derechos de los trabajadores.

5- Estos derechos vinculaban colectivamente a los trabajadores a estados particulares, y por lo tanto, dependía de la capacidad que los estados tenían para hacer valer los reclamos de los trabajadores frente a otros, especialmente los capitalistas.

La variada cronología en los derechos de los trabajadores refuerzan mi argumento: el derecho de huelga, de asociación, de establecer sanciones en contra de condiciones laborales paupérrimas, de solicitar beneficios por desempleo, de percibir pensiones, todos ellos obedecen no tanto a un ethos de los europeos o de los occidentales, sino a la buena voluntad de un estado en particular que valida los derechos en cuestión. Una prueba de esto la encontramos en la capacidad de los estados para suspender alguno o todos los derechos en tiempos de guerra o de luchas civiles, como hicieron la mayoría de los estados europeos durante la Primera Guerra Mundial ( Haimson & Sapelli 1992). Otro ejemplo lo encontramos en las estrategias relacionadas con el trabajo que llevaron a cabo líderes de diferentes estados, incluyendo la simultánea represión de las organizaciones sindicales y la elaboración de programas de seguridad de enfermedades, de la vejez, y de accidentes, implementados por Bismarck. Del mismo modo, la dependencia en relación al poder estatal de los trabajadores para excluir mano de obra extranjera y, de este modo, reforzar los derechos laborales domésticos para trabajar, enraizó a los trabajadores de cada país con la propia capacidad del estado para controlar las fronteras.

Desde luego, el grado de enraizamiento en estados particulares variaba de institución en institución y de estado en estado. Bo Rothstein señalaba, por ejemplo, que los movimientos de los trabajadores europeos tenían que elegir entre dos tipos de proyectos de seguro de desempleo: "(1) un sistema obligatorio administrado por agencias del gobierno, y (2) un programa voluntario aunque con apoyo público administrado por sindicatos o fondos en dominio de los sindicatos" (1992: 39-40) Este último, llamado sistema Ghent, se originó en los acuerdos legales que se hicieron en la ciudad belga del mismo nombre. Suiza, Dinamarca, Finlandia, Islandia, y Bélgica -en décadas recientes, los países europeos mas altamente sindicalizados- han adoptado el sistema Ghent. En cualquiera de los dos sistemas, el derecho a la seguridad por desempleo depende en última instancia del estado, mucho más, en este sentido, de lo que dependía en el siglo XIX de la acumulación privada de fondos por parte de los sindicatos y de las sociedades de ayuda mutua. En ambos sistemas los trabajadores prefieren suspender su autonomía en favor de depender de la mayor capacidad financiera del estado. A pesar de esto, el sistema estatal obligatorio pasa por sobre los sindicatos y establece conexiones directas entre los trabajadores y las agencias estatales, mientras que el sistema Ghent constituye a los sindicatos en intermediarios privilegiados.

Además de la larga lista de derechos de los trabajadores -no sólo seguro de desempleo, sino también beneficios de asistencia social y de salud, entrenamiento vocacional, seguridad ocupacional, salario mínimo, sindicalización, y derecho de huelga- el actual ejercicio de derechos depende fundamentalmente de la capacidad y de la propensión del estado para disciplinar al capital. En realidad, muchas de las políticas laborales de los países de occidente, pivotean, precisamente, en demandar que el estado haga cumplir públicamente tales derechos frente a la resistencia capitalista. A cambio, los estados pueden contar con el compromiso de los trabajadores en relación a sus políticas internacionales, como aprendieron con consternación los internacionalistas socialistas en vísperas de la Primera Guerra Mundial: en general, los trabajadores abandonaron el pacifismo y la solidaridad internacional en favor de apoyar los esfuerzos de guerra de sus propios países.

Además de controles estatales sobre los capitalistas, la concesión de algunos derechos a los trabajadores suponía un aumento en la intervención del estado en las reservas y en los flujos, que previamente habían escapado a la intermitente influencia del estado. La garantía estatal a la educación vocacional dependía de la regulación estatal o de la creación de una gran variedad de instituciones educativas, mientras la compensación por desempleo suponía un importante control del empleo y una acumulación de gran parte de las reservas financieras. Estas instituciones, a su vez, implicaban la capacidad del estado para cumplir y controlar la acumulación, los gastos y las transferencias de enormes cantidades de recursos. De otra manera, los efectos de las políticas gubernamentales serían impredecibles, y la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus compromisos, poco solvente en el mejor de los casos. Michael Mann se refiere a esta clase de capacidad en términos de "poder infraestructural":

La capacidad institucional de un estado central, despótico o no, de penetrar en un territorio e implementar decisiones. Esto es poder colectivo, "poder que atraviesa la sociedad", coordinando la vida social por medio de la infraestructura estatal. Weber sostenía que este poder también incrementaba su poder despótico sobre la sociedad. Pero esto no es necesariamente así. El poder infraestructural es como una calle con dos direcciones: también le permite a los grupos de la sociedad civil controlar el estado, como enfatizan los marxistas y los pluralistas. Un aumento del poder infraestructural no necesariamente incrementa o reduce el poder despótico distribitivo ( Mann 1993: 59).

El poder infraestructural se erige a través del delineado de los límites del estado, acompanado por el monitoreo y la intervención en las reservas y los flujos de una gran cantidad de recursos, tanto dentro como fuera de esos límites.

7- Después de alrededor de 1850 los estados capitalistas lograron imponer controles significativos sobre aquellas reservas y flujos señalados anteriormente.

Entiéndase bien: mi intención no es argumentar que el reconocimiento de derechos a los trabajadores y a los ciudadanos, en su generalidad, causaron la expansión del poder del estado. Tengo en mente un escenario bastante diferente. Durante milenios los gobernantes de la mayoría de los estados obraban, especialmente, para aumentar su capacidad de participar en guerras, para mantenerse oligárquicamente en el poder, y para reforzar las prerrogativas de esas oligarquías vis à vis los súbditos; los grupos que están por fuera de las clases dominantes solamente ganaban autonomía o poder cuando servían a una de esas actividades o cuando se aprovechaban de las contradicciones entre estas actividades ( por ejemplo: cuando las oligarquías eran renuentes a hacer la guerra, y las coronas les solicitaban préstamos a los comerciantes), o cuando podían evadir los alcances del estado.

Sin embargo, alrededor de 1750 una combinación de: 1) un gran aumento en la escala y el costo de las guerras internacionales, con 2) un fuerte vuelco hacia el reclutamiento de tropas entre los hombres jóvenes de los propios países, generaron: una gran expansión de los aparatos fiscales del estado, el consecuente crecimiento de las estructuras del estado, la extensión de la resistencia, las luchas entre la población y los oficiales del estado sobre los medios de guerra, y negociaciones que establecían un mínimo de derechos para los ciudadanos. La expansión de los derechos confrontaron a los estados cuya capacidad de extracción se había incrementado enormemente; lo cual significaba que aumentó la capacidad de perseguir los intereses que un grupo bien organizado tenía mediante la intervención estatal. El resultado es paradójico: una intensificación de los compromisos para la supervivencia del estado, junto con una intensificación de las luchas para obtener mayores ventajas del estado.

Este escenario se desarrolló en mil maneras: en presupuestos estatales sin precedentes, nuevas burocracias, serios intentos para definir y controlar las fronteras, establecimiento de sistemas públicos de educación, creación de una oficina central de estadística y censo, organización de mapas nacionales y catastros, fundación de museos, formación de partidos políticos, otorgamiento de visas y pasaportes, estandarización del calendario y de la hora oficial, patentamiento de inventos, imposición de la conscripción obligatoria, uniformidad de la moneda de curso legal, instalación de inspectores en el empleo, establecimiento de servicios de salud públicos, investigaciones sobre pobreza, y mucho más. En general los esfuerzos tienen dos aspectos: circunscripción y control central. Circunscripción se refiere a la capacidad en aumento para regular las reservas y los flujos de recursos dentro y a lo largo de las fronteras nacionales. En un grado previamente inimaginable, los estados europeos comenzaron a regular la acumulación, el movimiento y la transferencia de ideas, tecnologías, bienes, personas, y capital, con la suficiente eficacia como para poder intervenir deliberadamente en la provisión de dinero, innovación tecnológica, inversión, y empleo. Comenzaron a requerir pasaportes para la entrada y salida del país, a restringir el pasaje de toda clase de recursos a través de las fronteras; por lo tanto, a considerar la pervivencia de enclaves internacionales y de regiones que están bajo la jurisdicción de múltiples estados como anomalías indeseables.

Control central se refiere a la penetración estatal de grupos y actividades existentes en todos los niveles a través de la coordinación, mandato, y vigilancia. Los estados comenzaron a ejercer un control sin precedentes sobre las condiciones laborales, de transporte, de educación, formas urbanas, y sobre mucho más. Control central que incluía la reforma de la cultura: entendimientos compartidos y sus objetivaciones. Durante el siglo XIX y el siglo XX, las escuelas estatales, los museos, los festivales, y las publicaciones, todos favorecieron la autoidentificación nacional; a través de las historias, las lenguas, los credos, se etiquetaban a los rivales como inferiores, primitivos, equivocados o aún subversivos. Cada cultura promovida a escala nacional, implicaba una historia irreversible, con un origen y un destino; la incorporación de historias culturales, lingüísticas y sociales, a una narrativa política, produce una cronología nacional sin precedentes. Las narrativas nacionales, además, situaban a sus estados en relación a otras cronologías, reclamando un lugar para los rusos o los noruegos en la historia de Europa en general. De dondequiera que la idea del estado nación y su prioridad por encima de otras formas políticas haya provenido originalmente, el control cultural la asentó en su lugar.

Como implica este escenario, los presupuestos del estado no sólo se expandieron, sino también dejaron de lado el gran interés que habían tenido previamente en la guerra y las deudas que la guerra trajo aparejada. Pusieron énfasis en bienes colectivos como carreteras, ferrocarriles, escuelas, y eventualmente, asistencia social, gracias a un proceso de negociaciones sobre la disposición de expandir la capacidad del estado. Después de documentar la gran expansión de los estados europeos en el siglo XIX, Raymond Grew señaló que en algún sentido los dominantes, no obstante, se retiraron de la intervención: "Un sistema de poder basado en la ley es puesto en peligro por leyes que no puede hacer valer, y gradualmente la mayor cantidad de los estados en el siglo XIX abandonaron sus esfuerzos por controlar salarios, consumos, precios, iglesias, huelgas, organizaciones laborales y la prensa" ( Grew 1984: 101). Sin embargo, lo que en realidad sucedió fue que se circunscribió el alcance del estado sin ejercer gran control central -se fijaron límites, pero no se regulaba mucho dentro de esos límites. En el caso de las huelgas y de las organizaciones laborales, como hemos visto, el establecimiento de límites obligó a los trabajadores a abandonar formas de organización y de acción que habían empleado previamente.

9- La globalización de muchas actividades económicas y la creación de poderosas organizaciones supranacionales está minando la capacidad de los estados nacionales de monitorear y de controlar estas reservas y flujos, y por ende, su capacidad efectiva de poner en práctica políticas sociales efectivas, incluyendo los derechos laborales.

En los inicios del artículo, señalamos que estamos ante una inundación descomunal, pero no mostramos con claridad suficiente como el ascenso del agua está afectando los cimientos del estado. Considero que los efectos son profundos. Con respecto a la mano de obra migrante, ambos, los Estados Unidos y la Comunidad Europea, se han mostrado bastante incapaces a la hora de detener la entrada de trabajadores ilegales. Con respecto al capital, casi todos los estados han sido vulnerables a las salidas de inversiones e incompetentes para monitorear las entradas y salidas de grandes sumas de dinero. Con respecto a las drogas ilegales, prácticamente ningún país en el mundo ha podido levantar barreras efectivas a su circulación, venta o consumo. Lo mismo sucede con la libre circulación de armas a través de las fronteras, así como también con las enfermedades. La televisión, la radio, el fax, las redes de computación, emiten información, entretenimiento, y cultura popular, por todo el mundo, a pesar de los esfuerzos de algunos estados por contenerlos. Astutas evaluaciones de los movimientos de bienes entre estados pero a través de las firmas, le permiten a las empresas multinacionales evadir impuestos, mientras que el empleo temporario, el empleo de medio día, las comisiones por ventas, y la subcontratación, le permiten a estas empresas eludir las obligaciones estatutarias propias de los empleos de larga duración. Las corporaciones multinacionales, bancas sindicales internacionales, y una cantidad de grandes organizaciones criminales, están dándole forma a algunos de estos cambios, así como también lo están haciendo organizaciones multinacionales, como la Comunidad Europea.

Un número de regímenes de Occidente, especialmente regímenes conservadores como el de Margaret Thatcher y el de Ronald Reagan, reaccionaron ante la disminución de la efectividad de la acción del estado buscando el achicamiento del estado.

Como señala James Cronin:

Lo que es más distintivo históricamente del conservadurismo bajo el gobierno de Thatcher, fue su obsesión con el estado y con las bases institucionales de poder y de política. Ellos demostraron un deseo particular de limitar la extensión y reestructurar la forma misma del estado, para reducir la responsabilidad del gobierno, en el bienestar económico y social de los ciudadanos; para disminuir la capacidad del estado en comprometerse o para eludir tal responsabilidad; y para eliminar aquellas instituciones y políticas del estado que proveen de apoyo al Trabajo. En este sentido, ellos se mostraron muy entusiastas en relación a las políticas recientes y demostraron un intuitivo entendimiento del proceso a través del cual la mayor parte de la estructura del estado determina las políticas: creando expectativas y oportunidades para llevar demandas al gobierno, abriendo o limitando la arena para la movilización política, ofreciendo o quitando el reconocimiento político de los intereses, lo cual es sumamente esencial para su existencia y movilización exitosa ( Cronin 1991: 247).

En otras palabras, respondieron a los excesivos compromisos del estado rechazando compromisos y destruyendo los mecanismos que produjeron esos compromisos.

Sin embargo, los efectos más sorprendentes de la globalización sobre la actividad del estado, probablemente se encuentre en el área de la guerra. Según la definición weberiana, el estado posee el monopolio de la violencia legítima, de este modo, uno podría suponer que el uso de la fuerza sería el último lugar en el cual el estado perdería parte de su poder. Los estados europeos, después de todo, realizaron un enorme desarme de su población civil entre 1600 y 1900, mientras se armaban con tanta eficacia que sólo una sublevación de las tropas del gobierno hacía posible apoderarse del poder por la fuerza. Con la guerra del Golfo, los Estados Unidos apostaron a convertirse en el más fuerte vendedor de armas al mundo. Sin embargo, el involucramiento de los estados más importantes -Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, y Francia, representan el 80 % del comercio mundial de las principales armas convencionales ( Sivard 1993: 19)- promovió la adquisición de armas por actores no estatales.

El proceso tuvo dos dimensiones: oleadas de envío de armas internacional, para transformar las formas del combate, incluídas las guerras civiles, involucrando fuerzas distintas de los ejércitos nacionales. Aún dentro de Europa, en la antigua región de Yugoslavia y de la Unión Soviética, han proliferado docenas de fuerzas armadas que no pertenecen a estados reconocidos como tales. En el resto del mundo, las fuerzas irregulares han llegado a ser tan prominentes y poderosas que la guerrilla ha desplazado a los combates entre las tropas de los gobiernos como la forma dominante de guerra. En Somalia, Liberia, Colombia, México, Afganistán, Sri Lanka, y otras regiones llamadas de Conflictos de Baja Intensidad, mueren miles de personas por ano.

El estado es sumamente importante en estos conflictos, no solamente como proveedor de armas, sino también como partidario de una intervención en las políticas de otros estados, como incitadores y objetos de rebelión, como patrocinadores de los escuadrones de la muerte, como anhelo de los movimientos separatistas de independencia. La proliferación del genocidio, el "politicidio", la expulsión de minorías como técnicas de autoridad desde 1945, no remite al hecho de la desaparición sino al abuso del poder del estado. Es aún sorprendente la medida en que la violencia a gran escala, distinta de la generada en las guerras entre estados, ha aumentado desde 1945, y la medida en que los estados están perdiendo su habilidad para contener esa violencia. Estos cambios certifican el debilitamiento de las capacidades estatales a escala mundial.

10- Por lo tanto, los cambios que están ocurriendo actualmente amenazan a todos los derechos enraizados en el estado, incluidos los derechos laborales.

Jelle Visser y Bernhard Ebbinghaus señalan que el poder de los trabajadores y la densidad de los sindicatos han ido disminuyendo desde alrededor de 1980 en el mundo capitalista en su totalidad, aún incluyendo las social democracias históricas. "Desde una posición doméstica debilitada", agregan:

Los sindicatos se enfrentan a un doble desafío en Europa: la creciente integración política y económica de los 12 estados miembro de la Comunidad Europea, y las demandas por beneficios, desarrollo y apoyo financiero de los países de Europa del Este y Central. Con el avance de la integración económica y una Unión Monetaria Europea, la soberanía nacional en materia de políticas económicas y sociales corre peligro de ser limitada, y las vias por las cuales los sindicatos solían buscar la protección y el aumento del empleo, de la asistencia social y de la seguridad, en la agenda nacional, será cada vez más restringido. La internacionalización de los mercados y de las organizaciones ha erosionado, y reducirá aún más, las zonas que iban quedando de autonomía nacional en la elaboración de políticas sociales y económicas. Dado el avance de las empresas multinacionales y, dentro de las empresas, de la centralización en la toma decisiones sobre cuestiones estratégicas, y la constitución de un órgano de toma de decisiones supranacional en la Comunidad Europea en las principales cuestiones económicas y monetarias, los sindicatos no tienen otra elección que desarrollar alguna capacidad transnacional para la organización y la acción ( Visser & Ebbinghaus 1992: 206-207).

Pero señalan que la diversidad de movimientos sindicales europeos erige dos obstáculos muy serios a la hora de aunar esfuerzos: en primer lugar, la dificultad para encontrar fórmulas comunes para la gran variedad de estructuras organizativas; en segundo lugar, la división estratégica entre aquellos movimientos laborales relativamente poderosos a nivel nacional ( los cuales tienen capacidad para actuar pero también mucho que perder en el aunamiento de esfuerzos) y aquellos que tienen menos poder ( quienes no están en condiciones de liderar una acción colectiva continental). Hasta el momento, los trabajadores europeos se las han arreglado para crear una Confederación Sindical Europea con muchos miembros y pocos poderes, así como también algunas federaciones multinacionales, dentro de algunos sectores como los mineros y los trabajadores del metal, pero en capacidad para llevar a cabo acciones efectivas a escala europea es aún insignificante.

Las circunstancias que describen Visser y Ebbinghaus resultan precisamente del enraizamiento de los derechos laborales en los estados europeos particulares a lo largo de los últimos 150 anos. Al aumentar la escala de la acción económica y al acelerarse la libre circulación de los recursos entre las economías de la Comunidad Europea, declina la capacidad de los estados individuales para intervenir a favor del empleo, la utilidad de tal intervención, y el poder de la mano de obra organizada en relación con el capital internacional. Dado que los derechos dependen de que se los haga valer públicamente, todos los derechos garantizados estatalmente declinaron. Esto fundamentalmente incluye a los derechos de los trabajadores.

11- En el mundo, los capitalistas han sabido reconocer y han sabido tomar ventaja de estos cambios más rápidamente que los trabajadores.

Hasta cierto punto, los capitalistas causaron los cambios en cuestión, creando deliberadamente estructuras transnacionales para evadir el control por parte de cualquier estado en particular y de su mano de obra organizada. Nuestras instituciones económicas internacionales más poderosas -Gatt, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Comunidad Europea- reflejan fuertemente el interés de los capitalistas. Una perspectiva de la globalización, efectivamente, se centra en las estrategias de poder y de ganancia de las corporaciones multinacionales. Pero los capitalistas europeos no quisieron el aumento de la competencia por parte de Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, y Hong Kong, dentro del mercado europeo. Respondieron de dos maneras: incrementando el alcance internacional de sus inversiones, y expandiendo el ámbito geográfico de sus multinacionales. Las firmas multinacionales todavía mantienen la sede central financiera y administrativa donde concentran el grueso de sus inversiones de investigación y desarrollo pero diseminan la producción, logros, ventas, y niveles administrativos interiores, alrededor del globo, como una forma de acceder a diferentes mercados ( Dicken 1992: capítulo 7). Del mismo modo, en algunas industrias como la electrónica, la organización de procesos de producción dispersados internacionalmente, con los componentes trasladándose entre distintos continentes, ha llegado a ser mucho más común desde los anos 60.

Los capitalistas han también generalizado el uso del empleo temporario y el empleo por medio día, la terciarización, y la subcontratación, de tal forma que reducen la proximidad y la durabilidad de las conexiones entre grupos particulares de trabajadores y concentraciones particulares de capital. Peter Dicken ofrece el maravilloso ejemplo de los multimillonarios juguetes Lewis Galoob:

Sólo 115 empleados realizan toda la operación. Los inventores independientes y companias de entretenimiento imaginan la mayoría de los productos Galoob mientras que especialistas externos hacen la mayor parte del diseño y de la ingeniería. Gallob le encarga la manufactura y el empaquetado a más de una docena de contratistas en Hong Kong, y ellos, a su vez, envían lo que requiere de mano obra intensiva a las fábricas en China. Cuando los juguetes llegan a Estados Unidos son distribuidos por representantes autorizados del fabricante. Gallob ni siquiera lleva sus cuentas. Este le vende lo que recibe a la Corporación de Crédito Comercial, una compañía que también fija la política crediticia de Galoob ( Dicken 1992: 221, citing Business Week, 3 March 1986).

A pesar de que las técnicas tengan características comunes con la industria textil del siglo XVIII y las fábricas de subcontratación del siglo XIX, las tecnologías del fax, telex y computadoras aceleraron las conexiones y aumentaron enormemente sus alcances. Si lo comparamos con las innovaciones hechas por el capital en la fase de transformación de las oportunidades internacionales, el empleo parece suspendido en el molde organizacional del siglo XIX.

12- Sin embargo, las reacciones chauvinistas y otras reacciones de los trabajadores, implican una mayor conciencia de estas transformaciones.

Como resume Hanspeter Kriesi:

El final de la década del 80 y el inicio de la década del 90 ha sido testigo del surgimiento de una nueva ola de protestas en Europa Occidental, la cual parece estar siguiendo una lógica completamente diferente de aquella de los [Nuevos Movimientos Sociales]. Con la caída del antagonismo Este-Oeste, el conflicto entre el Norte y el Sur se hizo más prominente. Mientras la preeminencia del antagonismo Este-Oeste reforzaba la imagen del conflicto de clase, el antagonismo Norte-Sur refuerza la imagen del conflicto étnico, religioso o nacionalista. Mientras que el mundo estaba dominado por el conflicto Este-Oeste, el Sur representaba una fuente lejana de emancipación para la gente de izquierda. Pero ahora el Sur se ha transformado en una inminente amenaza para la gente de derecha. En un buen número de países de Europa occidental, la nueva derecha se moviliza con un éxito considerable por la defensa del Norte en contra de peligros reales o imaginados que provienen del Sur. Lo que es común a la gran variedad de movimientos de la nueva derecha en todos los países es la xenofobia de todos sus seguidores. Una segunda característica de estos movimientos es su populismo, esto es: su anti-elitismo y su apelación al pueblo ( Kriesi 1993: 266).

Los Skinheads y los neofascistas en Alemania, la Liga Lombarda en Italia, el Frente Nacional en Francia, representan todos diferentes voces del chauvinismo. A pesar de que la gente de izquierda desearía que fuera de otra manera, estos movimientos tienen una considerable atracción entre trabajadores amenazados. Además, en lo que serían versiones más moderadas, aún los izquierdistas han llegado a apoyar la protección laboral a través de tarifas, y en los países pobres, han llegado a oponerse a las políticas de exportación de mano de obra barata.

13- Las respuestas chauvinistas y proteccionistas no defenderán los derechos laborales.

A corto plazo, proteccionismo y chauvinismo probablemente tengan éxito; disminuirán la entrada de trabajadores con bajos salarios en los mercados de trabajo nacionales y reducirán la competencia de mano de obra barata en otros lugares. Sin embargo, y aún en el corto plazo, no fortalecerán la capacidad individual del estado, o la propensión a mantener los derechos laborales. Ausentes los controles al capital, aumentarán la capacidad de maniobra, y por ende el poder de los capitalistas en relación al estado y a las organizaciones del trabajo. Aumentarán los incentivos a los trabajadores con bajos salarios para entrar a los mercados protegidos con salarios altos. No apoyarán las capacidades del estado para garantizar beneficios financieros por enfermedad, jubilaciones, lesiones, y desempleo. Dada la desigual vulnerabilidad de las industrias y de las regiones frente a la penetración extranjera, finalmente, ellos van a hacer enfrentar a los trabajadores entre si; de este modo, disminuirá sustancialmente su capacidad para la acción colectiva. Estas divisiones se parecerán a aquellas que atormentaban al movimiento laboral norteamericano durante los finales del siglo XIX ( Earle 1993, Hanagan 1988, Montgomery 1987, Voss 1993).

14- El mundo capitalista, por lo tanto, asiste a la finalización de aquel ciclo de establecimiento de derechos que comenzó alrededor de 1850.

Mi análisis indica que los sustanciales logros de derechos realizados por los trabajadores en los países capitalistas después de 1850, ahora atraviesan por una fase de reversión devastadora. Nada en el análisis sugiere que está por surgir un nuevo ciclo de adquisición de derechos.

15- Para que los trabajadores puedan gozar de derechos laborales en el nuevo orden mundial deberán inventar nuevas estrategias en escala del capital internacional.

En la medida que los derechos emergieron de luchas organizadas, y las luchas que se dan actualmente todavía oponen a los trabajadores al capital, solamente una acción colectiva a escala internacional tiene más posibilidades de obtener ganancias para el trabajo, o aún de detener las pérdidas del trabajo. De este modo, los gobiernos involucrados como garantes, tendrán que ser agencias internacionales, coligadas o asociadas a estados existentes.

16- Esto no parece estar sucediendo. Contrariamente, aún a nivel de estados individuales, los derechos parecen estar decayendo.

Casi en todas partes el trabajo organizado está en retroceso. En el caso del NAFTA, por ejemplo, no se hicieron intentos muy serios para unir a los trabajadores canadienses, mexicanos y norteamericanos en alguna clase de colaboración efectiva; en cambio, los trabajadores norteamericanos se quejan de la competencia de las maquiladoras,[2] iniciada por el Gobierno mexicano para disminuir la migración fronteriza de la mano de obra, y los trabajadores canadienses se quejan por ser devorados una vez más por la ballena norteamericana.

17- A largo plazo, esta pérdida no sólo amenaza los derechos laborales, sino la democracia en general.

Mi razonamiento es simple: la Democracia consiste en una relativa ampliación e igualdad de la ciudadanía, proporcionándole a los ciudadanos consultas obligatorias en lo concerniente a las políticas del estado y el personal del estado, así como también protección de la acción estatal arbitraria. En la medida que el estado se disuelve, también lo hace la ciudadanía, y en consecuencia, la democracia. El control de la autonomía del poder militar es una condición para la democracia; las coaliciones entre clases que involucren trabajadores constituyen condiciones altamente favorables; y una relativa igualdad, sumada a una redistribución, aparece como un importante estabilizador. Las grandes desigualdades del poder económico amenazan a la democracia porque otorgan incentivos y medios a minorías poderosas para subvertir los cuatro elementos de la democracia; por lo tanto, hacen que las coaliciones entre clases, y por tanto, las alianzas parciales entre los capitalistas y los trabajadores, sean menos esenciales para conducir los negocios públicos. En este sentido, el poder del trabajo organizado, representa y fomenta las políticas democráticas.

Nuestro mundo va en dirección creciente hacia la desigualdad y la proletarización, en el sentido más simple de la palabra: más y más gente depende para su supervivencia de los salarios que recibe por el trabajo que lleva a cabo con el capital de otra gente. La globalización aumenta la proletarización y el incremento de la desigualdad a escala mundial, y esto lo puede hacer también al interior de jurisdicciones de estados individuales. Si el trabajo no encuentra formas alternativas y efectivas de organización a nivel del capital internacional, uno de los grandes acontecimientos de nuestra era -la democratización incompleta- corre peligro de ser pisoteado por las nuevas oligarquías del capital.

Hace falta que haga hincapié en la insuficiencia de mis argumentos y de la evidencia del artículo? He tejido una desigual cantidad de conjeturas, extendiéndolas alrededor de una colección dispar de hechos y argumentos, anclados estos en una tendenciosa lectura de la historia europea, trasladando mis términos de referencia frecuentemente sin advertencias; de este modo, he dejado grandes agujeros en el tejido. Déjenme anhelar, sin embargo, que la reconstrucción de estos diseños incompletos ayudará a los lectores a encontrar regularidades en el pasado, presente y futuro del trabajo.

Notes

[1] Working Paper Nro 182. Center for Studies of Social Change. New School for Social Research. March 1994.Traducción: Marcela González. Edición: Javier Auyero

[2] N. del T: en español en el original.