Salir de la deuda y
financiar un desarrollo sostenible y socialmente justo
Pistas para las
alternativas[1]
Eric Toussaint (*)
A continuación vamos a
presentar algunas alternativas para el debate. No se trata de un programa
exhaustivo, tampoco es un conjunto para tomar o dejar. Son propuestas, pistas.
A lo mejor son condiciones necesarias pero no suficientes. Se trata de
contribuir a un debate imprescindible sobre las alternativas. El enfoque
consiste en partir de la satisfacción de los derechos humanos fundamentales. La
cuestión a la que el texto intenta responder podría resumirse así: cómo salir
de una economía de endeudamiento para financiar un desarrollo sostenible[2] y socialmente justo?
Según la
Declaración Universal de Derechos Humanos ( art. 25), "Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure , así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación , el vestido,
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ;
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad ».
El Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la
mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, estipula que “Los
Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo
nacional adecuadas a fin de mejorar en forma constante el bienestar de toda la
población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa,
libre y significativa en el desarrollo
y la distribución equitativa de los beneficios obtenidos” (Art. 2, citado
por C. Jochnick, Nuevos caminos legales para enfrentar la deuda : una
petición a la Corte Mundial, in C. Jochnick y P. Pazmino, 2001, p. 100).
Al
interpretar las obligaciones contenidas en este Pacto, el Comité de derechos
económicos, sociales y culturales de la ONU declaró: “un Estado miembro en
que un número importante de individuos esta privado de la alimentos esenciales,
de atención primaria de salud, de vestidos decentes y de vivienda básica o de
educación elemental, no esta cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
Pacto” (Observación General 3, 1990, citado por C. Jochnick, op. cit.).
Sin embargo, y a pesar que la riqueza mundial fué multiplicada por ocho
desde 1960, un ser humano de cada dos vive hoy con menos de dos dólares por
día ; un ser humano de cada tres no tiene acceso a la electricidad ;
uno de cada cinco vive con menos de un dólar diario ; uno de cada cinco no
tiene acceso al agua potable, uno de cada cinco es analfabeto y un adulto de
cada siete y un niño de cada tres sufre
de malnutrición.
Varias
instituciones especializadas de la ONU estiman en un documento comun[3]
que un gasto anual de 80 mil millones de dólares sobre un período de diez años,
permitiría garantizar a cada ser humano el acceso a la educación elemental, al
agua potable y a los servicios primarios de salud (incluyendo la nutrición) y a
infraestructuras sanitarias, lo mismo que el acceso a los servicios de atención
ginecológica y obstétrica para las mujeres[4].
Ochenta mil
millones de dólares significan en 2003, alrededor de cuatro veces menos de lo
que el Tercer Mundo paga por su deuda externa ; es aproximadamente un
quinto del presupuesto militar de Estados Unidos; 9 % de los gastos militares a
nivel mundial; 8 % de gastos publicitarios anuales en el mundo; la mitad de la
fortuna de las 4 personas más ricas del planeta[5],
0,3% de la fortuna acumulada del milésimo más rico de la población mundial[6].
Miseria del presente, riqueza de lo posible…
Es imposible
esperar que la lógica del mercado satisfaga estas necesidades elementales. Las
1 300 millones de personas que no disponen de agua potable, o las 2 000
millones de personas que no tienen
acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria[7]
no tienen un poder de compra suficiente para que los mercados se interesen
en ellos. No permiten obtener el lucro deseado[8].
Solo
políticas públicas serán capaces de garantizar a todos y a todas la satisfacción
de las necesidades humanas elementales[9].
De ahí, la necesidad de que los poderes públicos dispongan de medios políticos
y financieros para ajustarse a sus deberes hacia sus ciudadanos y ciudadanas.
Es
conveniente que estos últimos ejerzan plenamente sus derechos de actuar como
los sujetos centrales de la vida política estatal. Para esto es necesario poner
en marcha políticas económicas y mecanismos jurídicos eficaces en un contexto
de dinámica de democracia participativa. El ejemplo del presupuesto
participativo practicado en Porto Alegre desde comienzos de los 90 debería
extenderse a nivel internacional inspirando políticas originales de una
democracia radical por las cuales los
ciudadanos y ciudadanas se adueñarán de nuevo de los espacios perdidos por la
democracia.
Lograr la
aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (lo mismo que la de otros tratados y
convenciones relativos a los derechos humanos) supone la entrada en escena de
un poderoso movimiento social y ciudadano. Se trata ni más ni menos de un
proyecto auténticamente revolucionario.
Para comenzar, hay que poner fin a la hemorragia de riquezas que
significa el pago de la deuda. A continuación es necesario encontrar diferentes
fuentes de financiamiento en vistas de un desarrollo socialmente justo y
ecológicamente sostenible. En fin, conviene romper con la lógica que lleva al
ciclo del endeudamiento, al desvío y al pillaje masivo de las riquezas locales,
a la dependencia de los mercados financieros y de los préstamos condicionados
de las instituciones financieras de Bretton Woods.
1.
– Romper con el ciclo infernal de la deuda
Los partidarios
de la globalización neoliberal nos dicen que los países en desarrollo (incluyen
al ex bloque soviético) deben reembolsar su deuda externa si quieren beneficiar
de flujos constantes de capitales de financiamiento.
En realidad, desde la explosión de la crisis de la deuda en 1982, los
flujos fueron de los países en desarrollo hacia los países industrializados, de
la Periferia hacia el Centro y no a la inversa como pretenden insistentemente
los dirigentes de las instituciones financieras internacionales. Para tener una
estimación de los flujos reales, tal
cual se desprende del capítulo 9, se trata de tener en cuenta el pago de la
deuda externa; la salida de capitales hechas por los residentes de la
Periferia; la repatriación de beneficios de las multinacionales ( incluyendo
las transferencias invisibles, en especial, por la vía de los procedimientos de
« sobre » o « sub » facturación) ; la acquisición de
empresas de la Periferia por los capitalistas de los países industrializados, a
precios de remate en el marco de las privatizaciones; la compra a bajos precios
de bienes primarios producidos por los pueblos de la Periferia (degradación de
los términos de intercambio) ; la fuga de « cerebros »; el pillaje
genético… Los donantes no son los que uno cree. Es abusar del lenguaje el
considerar « donantes » a los países de la OCDE miembros del Comité
de ayuda al desarrollo y a las instituciones de Bretton Woods.
Desde hace
dos décadas, en comparación con los años 1960-1970, se asiste a una
amplificación de la transferencia masiva neta de riquezas en beneficio de las
clases poseedoras de los países industrializados. El mecanismo del pago de
la deuda se agrega a otros
preexistentes (intercambio comercial desigual, saqueo de las riquezas naturales
y humanas, fuga de cerebros, repatriación de beneficios de las transnacionales
hacia las casas matrices, etc.) reforzándolos al mismo tiempo. Desde 1982, las
poblaciones de los países en desarrollo
transfirieron hacia los acreedores del Norte (las élites capitalistas locales
deduciendo de paso su comisión) el equivalente de varias decenas de planes
Marshall[10].
Es urgente
contrarrestar el discurso oficiaI: hay que
anular la deuda externa pública de los países en desarrollo. Esta deuda es
insignificante en comparación con la deuda histórica, ecológica y social que
los países ricos del Norte tienen frente a aquellos países. La deuda de los PED
(incluídos países del ex bloque soviético) alcanzaba en 2002 aproximadamente 2
400 mil millones de dólares (de la cual 1 600 millones son deudas públicas),
porcentaje ínfimo de la deuda mundial que es cerca de 60 millones de millones
de dólares (solo en Estados Unidos, la suma de las deudas pública y privada
representa alrededor de 30 millones de millones de dólares).
Si la deuda externa pública de
los PED fuera íntegramente anulada y sin indemnizar a los acreedores, esto no
significaría más que una ínfima pérdida de menos de 5% dans sus portafolios. En
cambio, para las poblaciones que serán liberadas al fin de esta carga, las
sumas que podrían ser usadas para
mejorar la salud, la educación, para la creación de empleos, etc., serían
considerables.
En efecto, el reembolso de la
deuda pública de los PED representa como medio un gasto de alrededor de 190 à
220 mil millones de dólares, o sea 2 a 3 veces la suma que falta y que es
necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas elementales según lo
definieron las Naciones Unidas.
Algunos
afirman que la anulación de la deuda desembocará en una exclusión definitiva
del acceso a los capitales internacionales. Esta afirmación no está basada
sobre un estudio serio de la historia de las crisis de endeudamiento.
Desde fines
del siglo XIX – con la anulación por los Estados Unidos de la deuda cubana ante
la corona española – hasta fines del
siglo 20 – con la anulación de una parte de la deuda polonesa en 1991 (es uno de
los raros casos en que los acreedores hicieron un esfuerzo espontáneo,
evidentemente porque estaban en juego intereses estratégicos) –, pasando por la
decisión de no pago de la deuda mejicana entre 1914 y 1942 (Marichal, 1989, p.
224-228) o la anulación unilateral por el gobierno bolchevique en 1918 de la
deuda heredada del imperio zarista, fueron tomadas numerosas medidas de repudio
o de anulación de deuda sin que ello desembocara en un desastre, tal como lo
predecían los acreedores. Al contrario, no faltan ejemplos de países que se
empobrecieron y se debilitaron como consecuencia del reembolso de sus deudas.
Argentina es un ejemplo típico.
Fines del
90, los flujos relativos a los empréstitos internacionales llegaron a ser
negativos. Tomado en su conjunto, los países endeudados reembolsaron cada año
más de lo que recibieron como préstamo (trátese de préstamos bancarios, de
títulos, de préstamos bilaterales o de préstamos otorgados por el Banco
Mundial). Desde 1999, cada año, los préstamos otorgados por los bancos
comerciales fueron inferiores a los reembolsos que percibieron. Es lo mismo
para los préstamos bilaterales desde 1996. Para las emisiones de títulos, los
flujos son negativos desde el 2000. Para los préstamos otorgados por el Banco
Mundial (IDA incluída), desde el 2000[11]
el flujo es igualmente negativo.
Es así que
la amenaza de que se cierren las fuentes de financiamiento externo privado
carece de sentido puesto que desde hace años, la mayoría de los países de la
Periferia ya casi no tienen acceso a los capitales privados. Según el PNUD, “solo
25 países en desarrollo tienen acceso a los mercados privados de las
obligaciones, los préstamos de los bancos comerciales y las inversiones de
portafolio ” (PNUD, 1999, p. 31).
Segun las
Naciones Unidas, les 49 países menos avanzados (PMA), donde viven cerca de 600 millones de habitantes, como promedio
solo reciben 0,5% de las inversiones directas en el extranjero (IDE) destinadas
a los países en desarrollo (PED). Para el puñado de países de la Periferia que
tiene acceso a los capitales internacionales, 80 % de las entradas de las
inversiones corresponden a acquisiciones de empresas ya existentes que pasan
así bajo control de las transnacionales de los países industrializados,
situación que no se traduce en la creación de empleos. Al contrario.
Además,
dichas acquisiciones conllevan una pérdida de control nacional sobre el aparato
productivo, sin hablar del caracter fuertemente volátil y especulativo de los
otros flujos de capitales (es una de las lecciones a aprender de las crisis
financieras de los 90).
Una
restricción sobre este tipo de flujos no perjudicaría a la economía de esos
países. Para reemplazar esos flujos improductivos, incluso nefastos, proponemos
fuentes alternativas de financiación (ver la segunda parte de este texto), de
manera a disminuir drásticamente la dependencia de los mercados financieros así
como de las instituciones de Bretton Woods.
Fundamentos
jurídicos de la anulación de la deuda
La anulación
de la deuda es legítima porque está basada en varios argumentos jurídicos,
entre las cuales la noción de la «deuda odiosa», de «fuerza mayor» y del «estado de necesidad».
Las deudas
contraídas por los Estados despóticos y que son contrarios a los intereses de
la población son jurídicamente ilegítimas.
Según
Alexander Sack, teórico de esta doctrina, “ Si un poder despótico contrae
una deuda no según las necesidades y los intereses del Estado, sino para
reprimir a la población que lucha contra él, esta deuda es odiosa para la
población del Estado. Esta deuda no es obligatoria para la nación : es una
deuda del régimen, deuda personal del poder que lo contrajo, en consecuencia la
misma desaparece con la caída del régimen ” (Sack, 1927).
De esta
forma, las deudas contraídas contra los intereses la población del territorio
endeudado son «odiosas» y en caso de cambio de régimen, las nuevas autoridades
no están obligadas a reembolsarlas.
La doctrina
tiene su origen en el siglo XIX[12].
Una de las aplicaciones remonta al año 1898, cuando Estados Unidos tomó el
control de Cuba después de la guerra contra España[13].
Esta le pide que asuma, de conformidad al derecho internacional, la deuda que Cuba contrajo con la corona. La
Comisión de negociación de Estados Unidos rechaza la deuda calificándola de «carga
impuesta al pueblo cubano sin su consentimiento».
La Comisión
argumentó que “la deuda fué creada por el gobierno de España para sus
propios intereses y por sus propios agentes. Cuba no tuvo voz en esta cuestión”.
La Comisión agregó que “los acreedores aceptaron el riesgo de que tenían sus
inversiones”. El litigio se cerró con la firma de un tratado entre España y
Estados Unidos, en Paris en 1898.
Más tarde,
en 1923 un Tribunal internacional de arbitraje presidido por el Juez Taft,
Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, declaró que los préstamos
otorgados por un banco británico (con sede en Canadá) al Presidente Tinoco de
Costa Rica eran nulos porque los préstamos no sirvieron a los intereses del
país, sino al interés personal de un gobierno antidemocrático. En esta
oportunidad, el Juez Taft declaró que “el caso del Banco Real no depende
simplemente de la forma de la transacción sino de la buena fé que el banco observó luego del préstamo destinado al uso
real del gobierno costarricense bajo el régimen de Tinoco. El Banco debe probar
que el dinero fué prestado al gobierno para que reciba un uso legítimo. No lo
hizo.” (Juez Taft, citado en Adams, 1991, p. 168).
Los
regímenes legales que sucedieron a las dictaduras latinoamericans en los 80
(Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, etc.) podrían haber recurrido al derecho
internacional para conseguir la anulación de las deudas contraídas por los
regímenes militares. No lo hicieron. El gobierno norteamericano se cuidó bien
de sugerirlo. Y con razón : las dictaduras fueron apoyadas activamente
(cuando no fueron puestos en el poder) por Estados Unidos, siendo los bancos
norteamericanos los principales acreedores.
Bajo otros
horizontes, otros países hubieran podido exigir sin muchos inconvenientes la
anulación de las deudas odiosas. Citaremos otros casos flagrantes :
Filipinas después del derrocamiento del dictador Ferdinando Marcos en 1986,
Ruanda en 1994 después del genocidio perpetrado por el régimen dictatorial[14],
Sudáfrica cuando se abolió el régimen del apartheid, la República
Democrática del Congo en 1997 después del derrocamiento de Mobutu, Indonesia en
1998 después que Suharto abandonara el poder, etc.
En lugar de argumentar el
rechazo del reconocimiento de la deuda basados en el derecho nacional e
internacional, los nuevos gobiernos prefirieron negociar con los acreedores el
escalamiento de pagos y aligeramientos de puro maquillaje. Fué así que entraron
en el ciclo interminable del endeudamiento externo, el pueblo cargando con las
consecuencias.
La doctrina
de la « deuda odiosa » fué invocada regularmente por diferentes
movimientos ciudadanos favorables a la anulación de las deudas pero los
gobiernos post dictaduras y ,lógico, los acreedores hicieron oídos sordos. El
debate fué lanzado de nuevo por el gobierno norteamericano en abril 2003 en
circunstancias que nos recuerdan el precedente de la guerra entre España y
Estados Unidos en 1898. El gobierno norteamericano pidió a Rusia, Francia y
Alemania que anularan las deudas odiosas que Irak había contraído.
Repitiendo textualmente la definición de deuda odiosa hecha más arriba, el
gobierno norteamericano afirmó que las deudas contraídas por el dictador Saddam
Hussein estaban tachadas de nulidad. Los Estados Unidos agredieron a Irak en
marzo del 2003 conjuntamente con sus aliados británicos, australianos,
holandeses, daneses. Esto en abierta violación de la Carta de Naciones Unidas,
ocupandolo posteriormente con más de 100.000 soldados, preparándose a ejercer
sobre él un protectorado de hecho o de derecho. Los Estados Unidos hubieran
deseado convencer a ciertos acreedores, principalmente las tres potencias que
se opusieron a la guerra (Francia, la Rusia y Alemania), para que renuncien a
sus créditos.
El objetivo norteamericano fué, y lo es todavía, el de disponer de los ingresos petroleros irakíes
a fin de pagar la factura de la intervención militar, de las destrucciones que
acompañaron a la guerra, de la reconstrucción y de la ocupación que persiste
todavía. Quiso evitar que los ingresos provenientes del petróleo sirvieran para
reembolsar a potencias que le negaron el apoyo, utilizando para este fin de
manera oportunista el argumento de la deuda odiosa. Se trataba de aligerar las
antiguas deuda irakíes para asegurar que las nuevas fueran pagadas, con oro en
la mano, a los nuevos acreedores, a cuya cabeza se encontraban los Estados
Unidos. Lo hemos analizado en el capítulo 16. Pero no es menos cierto que
Estados Unidos demostró a la opinión pública internacional que la doctrina de
la deuda odiosa no pertenece al pasado. En efecto, el pueblo irakí debe
recuperar su verdadera libertad (lo cual implica la salida de las tropas
extranjeras de ocupación) y ver que las deudas contraídas por Saddam Hussein
son anuladas. Además el pueblo irakí tiene que obtener reparaciones por parte
de los agresores. Los otros pueblos que llevan en sus espaldas la carga de las deudas odiosas tienen pleno
derecho de pedir su anulación.
Un
instrumento fundamental que permitirá avanzar en esta perspectiva es el recurso
a una investigación ciudadana (auditoría) sobre la legitimidad de las
deudas, cuyos reembolsos son exigidos por los acreedores. Los parlamentos y los
gobiernos de los países endeudados podrían realizar una auditoría de la deuda.
Ciertos países están dotados de disposiciones constitucionales que lo prevén explícitamente
(Brasil – Constitución de 1988 ; República Bolivariana de
Venezuela ;…). Poderosas movilizaciones de ciudadanos reivindicaron en
diferentes países la puesta en marcha de un procedimiento de auditoría. Fué el
caso en Brasil en septiembre 2000 cuando la campaña Jubileo Sud, la Conferencia
Nacional de Obispos , el Movimiento de los Sin Tierra (MST), la Central
Unitaria de los Trabajadores (CUT) organizaron un referendum sobre la deuda.
Participaron seis millones de
ciudadanos y más del 95 % apoyó el pedido de organizar una auditoría. Numerosos
movimientos sociales brasileros pidieron al nuevo presidente Lula, cuyo mandato
comenzó en enero 2003, que organizara al fin esta auditoría prevista por la
Constitución de 1988.
La poderosa
Confederación de las Naciones Indígenas del Ecuador está presionando para
obtener del nuevo Presidente Lucio Guttierez una auditoría. El Presidente
Chávez de Venezuela anunció una iniciativa en ese sentido.
Realizar
auditorías con el fin de determinar el caracter odioso o no de una parte o de
la totalidad de la deuda es una reto de una importancia capital. Abajo, un
recuadro provisorio pero no exhaustivo de deudas odiosas que incluye una lista
limitada de países, indica que los montos que atañen a la deuda odiosa son considerables.
Este recuadro es provisorio puesto que la función de la auditoría (con
participación ciudadana) precisamente apunta a determinar rigurosamente la
amplitud de la deuda odiosa tachada de nulidad. El recuadro es una invitación a
la reflexión, a la investigación y a la acción ciudadana.
|
País |
Régimen dictatorial |
Periodo de |
Deuda odiosa |
Stock de la deuda |
|
la dictadura |
(miles de millones de
dólres) |
en 2001 |
||
|
Indonesia |
Suharto |
1965-1998 |
150 |
135 |
|
Irak |
Saddam Hussein |
1979-2003 |
122 |
122 |
|
Brasil |
Junta militar |
1965-1985 |
100 |
226 |
|
Argentina |
Junta militar |
1976-1983 |
45 |
137 |
|
Corea del Sur |
Régimen militar |
1961-1981 |
30 |
110 |
|
Nigeria |
Buhari/Abacha |
1984-1998 |
30 |
31 |
|
Turquía |
Régimen militar |
1980-1989 |
30 |
115 |
|
Filipinas |
Marcos |
1965-1986 |
27 |
52 |
|
Africa del Sur |
Apartheid |
1948-1991 |
22 |
24 |
|
Siria |
Assad |
1971- |
21 |
21 |
|
Tailandia |
Militares |
1966-1988 |
21 |
67 |
|
Marruecos |
Hassan II |
1961-1999 |
19 |
17 |
|
Zaire/RDC |
Mobutu |
1965-1997 |
13 |
11 |
|
Chile |
Pinochet |
1973-1990 |
12 |
38 |
|
Túnez |
Ben Ali |
1987- |
11 |
11 |
|
Pakistán |
Militares |
1978-1988 |
10 |
32 |
|
Perú |
Fujimori |
1990-2000 |
9 |
27 |
|
Sudán |
Nimeiry |
1969-1985 |
9 |
15 |
|
Kenia |
Moi |
1978-2003 |
5,8 |
5,8 |
|
Congo |
Sassou |
1979- |
4,5 |
4,5 |
|
Irán |
Shah |
1941-1979 |
4,5 |
7,5 |
|
Bolivia |
Junta militar |
1964-1982 |
3 |
4,7 |
|
Guatemala |
Régimen militar |
1954-1985 |
2,7 |
4,5 |
|
Malí |
Traoré |
1968-1991 |
2,5 |
2,9 |
|
Somalía |
Siad Barre |
1969-1991 |
2,3 |
2,5 |
|
Malawi |
Banda |
1966-1994 |
2,2 |
2,6 |
|
Paraguay |
Stroessner |
1954-1989 |
2,1 |
2,8 |
|
Nicaragua |
Somoza |
1974-1979 |
2 |
6,4 |
|
Camboya |
Khmers Rouges |
1976-1989 |
1,8 |
2,7 |
|
Togo |
Eyadéma |
1967- |
1,4 |
1,4 |
|
Liberia |
Doe |
1980-1990 |
1,2 |
2 |
|
Myanmar (Birmanie) |
Régimen militar |
1988- |
1,2 |
5,7 |
Recuadro realizado por Damien Millet y el autor en
base del trabajo preliminar de Joseph Hanlon (2002).
Los montos considerados como
deuda odiosa (columna 4) son, en la mayor parte de los casos, inferiores a la
realidad pues solo se relacionan con el periodo dictatorial stricto sensu. No
toman en cuenta las deudas contraidas para reembolsar las deudas odiosas. Se
trata, a traves de esta auditoria, de
determinar el monto exacto de las deudas que entran en la categoria de las
deudas odiosas. Se trata tambien de completar la lista de paises interesados.
En cuanto a la deuda odiosa,
la doctrina formulada por Alexander Sack en el siglo pasado debe ser
complementada por varios elementos. El Centre for International Sustainable
Development Law (CISDL) de la Universidad McGill (Canadá) propuso una definición general que parece
apropiada : « Las deudas odiosas son aquellas que fueron
contraídas contra los intereses de la población de un Estado, sin su
consentimiento y con conocimiento de causa de los acreedores »
(Khalfan et al., « Advancing the Odious Debt Doctrine », 2002,
citado en Global Economic Justice Report, Toronto, July 2003). Texto original en
inglés : “Odious debts are those contracted against the interests of the
population of a state, without its consent and with the full awareness of the
creditor”.
Por tanto,
no hay que abandonar la perspectiva de volver a abrir el dosier de la deuda
odiosa, aun cuando los acreedores, sin excepción, lo consideren cerrado. Los
Estados endeudados no han dejado de reembolsar deudas odiosas. Todavía pueden
tomar la decisión, fundada en derecho, de repudiarlas. Así, las nuevas deudas
contraídas en los 90 y comienzos del 2000 por regímenes legítimos con el fin de
reembolsar deudas odiosas contraídas por regímenes despóticos que los
antecedieron, deberían caer en la categoria de deudas odiosas. Es el argumento
avanzado por diferentes expertos tales como el CISDL citado arriba, Joseph
Hanlon (Gran Bretaña), Hugo Ruiz Diaz (Paraguay – Bélgica) y
Patricio Pazmiño (Ecuador)[15].
La
definición avanzada por el CISDL implica que los acreedores privados que
prestaron (o prestan) dinero a regímenes (legítimos o no), o a empresas que
gozan del beneficio de la garantía del Estado para proyectos que no fueron
consultados democráticamente y que son
nocivos para la sociedad, se arriesgan a ver sus créditos anulados, (a
fortiori si a esto se le agrega la complicidad activa o pasiva del acreedor
con respecto a acciones de desvío de fondos). Numerosos proyectos antiguos o
nuevos entran en esta categoría. Pensemos en la mega represa de Tres gargantas
en China. Extender la noción de la deuda odiosa obligará a los acreedores a
asumir claramente su responsabilidad, forzándolos a plegarse a reglas democráticas, sociales, medioambientales, so
pena de llegar a una situación en la que deberán abandonar toda pretensión de
recuperar los fondos dados en préstamo.
La
ampliación del campo de aplicación de la doctrina de la deuda odiosa incluye
también las deudas contraídas ante las Instituciones de Bretton Woods (el FMI,
Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. Por qué ? El FMI y el
Banco Mundial (acreedores multilaterales) detentan alrededor de 450 mil
millones de dólares de créditos de los países endeudados[16],
cayendo en la categoría de deudas odiosas una gran parte de entre ellas.
Citamos
varios casos de figura en los que la doctrina de la deuda odiosa debería ser
aplicada en el marco de la definición hecha por el CISDL :
1) Las
deudas multilaterales contraídas por régímenes despóticos (todas la dictaduras
mencionadas arriba fueron apoyadas por el FMI y el Banco Mundial) tienen que
ser consideradas como odiosas. El FMI y el Banco Mundial no tienen derecho a
reclamar su pago a los regímenes democráticos que sucedieron a dichas
dictaduras(*);
2) Las
deudas multilaterales contraídas por régímenes legales y legítimos para
reembolsar las contraídas por régímenes despóticos son también deudas odiosas y
no tienen por qué ser reembolsadas. Este caso de figura se aplica a unos
treinta países, que se encuentran mencionados arriba en el recuadro no
exhaustivo (*).
3) Las
deudas multilaterales contraídas por régímenes legales y legítimos en el
contexto de la aplicación de políticas de ajustes estructurales que son
perjudiciales para la población (numerosos autores y organismos internacionales
demostraron el caracter perjudicial de los ajustes estructurales– en especial
los órganos de la ONU, ver más abajo) son también deudas odiosas. El hecho de que
durante veinte años, el Banco Mundial y el FMI definieron e impusieron contra
viento y marea, condicionalidades que probaron ser catastróficas para los
derechos fundamentales de los seres humanos, constituye un dolo[17] contra los que hicieron los préstamos y
contra la población. El contrato de préstamo en cuestión está tachado de
nulidad. Las cartas de intención que las autoridades de los países endeudados
deben enviar al FMI y al Banco Mundial (dictadas por ellos) constituyen una
argucia construída por esas instituciones para que en la eventualidad de
procesos judiciales, no sean tenidas como responsables. Este procedimiento es
nulo por que no es más que una argucia[18].
Así como un individuo no puede aceptar ser sometido a esclavitud (el contrato
por el cual habría renunciado a su libertad carece de todo valor legal), un
gobierno no puede renunciar al ejercicio de la soberanía de su país. En la
medida en que la carta de intención anule el ejercicio de la soberanía de un
Estado, dicha carta es nula. Las instituciones de Bretton Woods no pueden
utilizarla como elemento de exención de responsabilidad. Esas instituciones son
responsables integralmente por los daños que la aplicación de las
condicionalidades impuestas ocasionó a la población (vía ajuste estructural,
hoy rebautizado Cuadro Estratégico de Lucha contra la Pobreza –CELP-, para los
PPAD o Facilidad para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento –FRPC-, para
los otros).
4) Habrá
que tomar en cuenta igualmente, el caracter antidemocrático, despótico de las
Instituciones de Bretton Woods (exigencia de la mayoría de 85% ; derecho
de veto otorgado de hecho a Estados Unidos, que detentan alrededor de 17%
de votos ; un evidente desequilibrio en la repartición de votos …).
5) En
forma simultánea a las acciones llevadas a cabo en favor de la anulación de los
créditos multilatérales, hay que luchar para que las poblaciones víctimas de
los daños humanos y medioambientales, obtengan la reparación que le es debida
por las Instituciones de Breton Woods como consecuencia de sus políticas (*).
6) En
fin, se trata de perseguir a los responsables de estas Instituciones en lo
civil y en lo penal por violaciones de los derechos humanos fundamentales.
Estas violaciones se produjeron (y se siguen produciendo) a través de la
imposición de los ajustes estructurales y/o a través el apoyo dado a regímenes
despóticos (*).
(*)
Todo esto se aplica también a las deudas bilaterales y a los acreedores
privados. Un ejemplo para ilustrar mejor el punto 6 : en el futuro, un
Togo democrático liberado del dictador Eyadema podría presentar una demanda
contra Francia en el Tribunal de la Haya ( incluso ante la Corte Penal
Internacional) por su apoyo activo al régimen dictatorial. Además, en virtud de
la aplicación estricta de la doctrina de la deuda odiosa, un Togo democrático
post Eyadema no tendría ninguna obligación con respecto a las deudas contraídas
durante la dictadura.
También es posible sustentar jurídicamente la anulación de la deuda y la supresión de su reembolso,
invocando el argumento jurídico de «fuerza mayor» [19]
y el del cambio fundamental de circunstancias. En el plano del Derecho
internacional, la Comisión de Derecho
Internacional de la ONU (CDI) define la « fuerza mayor » como
" la imposibilidad de actuar legalmente... es la situación en la cual
un hecho imprevisto y exterior a la voluntad del que lo invoca, lo pone en la
incapacidad absoluta de respetar su obligación internacional en virtud del
principio según el cual, nadie está obligado a lo imposible" [20]..
La jurisprudencia en el campo del Derecho internacional reconoce que un
cambio de circunstancias en las condiciones de ejecución de un contrato puede
volverlo nulo[21]. Eso significa, en esencia, que los contratos que
requieren el cumplimiento de una sucesión de compromisos en el futuro, están
sometidos a la condición de que las circunstancias no varíen (en el derecho
común existen diferentes doctrinas relacionadas con este principio, incluyendo
el caso de fuerza mayor, «frustración», «imposibilidad» e «impracticabilidad»).
El argumento de «fuerza mayor» y del
cambio fundamental de circunstancias se aplican de manera evidente a la
crisis de la deuda de los años 80. En efecto, fueron dos factores
fundamentalmente exógenos, los que provocaron la crisis de la deuda a partir de
1982 (ver cap.8): el alza dramático de las tasas de interés impuesta a nivel
internacional por el gobierno de EE.UU. fines del 79 y la caída de los precios
de las exportaciones de los países de la Periferia fines del 80. La aparición
de ambos factores fué provocada por los países acreedores. Se trata de casos de
«fuerza mayor» que modifican fundamentalmente la situación impidiendo a los
deudores cumplir con sus obligaciones[22].
El estado de
necesidad
Para fundar en Derecho la
negativa de pago, además de los argumentos mencionados arriba, se puede avanzar
igualmente el argumento del estado de necesidad. El estado de necesidad puede
ser invocado cuando los reembolsos ininterrumpidos implican para la población
sacrificios que van más allá de lo que es razonable, afectando directamente las
obligaciones fundamentales que tiene el Estado frente a sus ciudadanos. A este
respecto, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (CDI)
declara :
« No
se puede esperar de un Estado que cierre sus escuelas y sus universidades y sus
tribunales, que abandone los servicios públicos dejando a su comunidad sumida
en el caos y en la anarquía simplemente por el hecho de que así dispondrá de
dinero para reembolsar a sus acreedores, extranjeros o nacionales. Hay límites
que se pueden razonablemente esperar de los Estados, de la misma manera que de
un individuo ... » (CDI, 1980, p. 164-167, citado por Hugo Ruiz, op. cit.)
Hay que
romper con la lógica de la dependencia y de la soumisión. De ahí la necesidad
de apoyar a los movimientos sociales y ciudadanos que en los países de la
Periferia hacen llamados a sus gobiernos para que repudien y dejen de pagar la
deuda externa pública.
2.- Recursos
suplementarios para financiar el desarrollo
Para que la
anulación de una deuda sea útil para el desarrollo humano, es necesario que las
sumas destinadas hasta ese momento al pago de la deuda, sean utilizadas en
favor de la satisfacción de los derechos humanos fundamentales. Esto implica
que una parte, determinada democráticamente, debe ser depositada en un fondo de
desarrollo, controlado directa y activamente por las poblaciones locales. El
criterio que prevalece tiene que ser la participación ciudadana en la
determinación de las prioridades, en la elaboración y elección de proyectos
adecuados a esas prioridades, el control popular en la utilización de medios
financieros y humanos puestos en marcha.
Pero una vez que se dió este
paso en materia de anulación de la deuda, es indispensable sustituir la
economía de endeudamiento internacional actual por un modelo de desarrollo
socialmente justo y ecológicamente sostenible, independiente de las
fluctuaciones de los mercados financieros y de los condicionamientos de los
préstamos del FMI y del Banco Mundial.
Este fondo de desarrollo ya
alimentado por las sumas economizadas gracias a la anulación de la deuda[23]
, debe ser financiado a través de varias medidas:
2.1. Devolver a los ciudadanos y ciudadanas de los PED lo que les ha
sido escamoteado
2.1.1. Riquezas considerables acumuladas ilícitamente por gobiernos y
capitalistas locales han sido colocadas a buen recaudo en los países más
industrializados, con la complicidad de instituciones financieras privadas y la
complacencia de los países del Norte (ese movimiento continúa actualmente).
Tomemos el ejemplo de Argentina
bajo la Junta militar (1976-1983): la deuda de ese país se multiplicó por seis.
Una parte considerable de las sumas tomadas prestadas fue depositada por los
miembros del régimen en bancos de EE.UU., Gran Bretaña y otros países
industrializados (ver cap.16). Empresas financieras e industriales de los
países industrializados, así como miembros del régimen argentino y capitalistas
argentinos, se enriquecieron ilegalmente. El poder judicial argentino ha
probado estos hechos, que dieron lugar a un fallo judicial en julio del año
2000 (el texto de la Sentencia se encuentra en el sitio del CADTM : www.cadtm.org/pages/espanol/olmos.pdf).
La complicidad del FMI y de la Reserva Federal de Nueva York también fué
demostrada. Es sobre la base de ese fallo, que debería crear escuela, que hay
que obtener la reparación para la
población expoliada.
Pensemos por
ejemplo, lo que representaría para la población argentina la recuperación de
los haberes colocados por la Junta militar en los países más industrializados,
pensemos lo que aportaría a la población
congolesa, la devolución de una parte importante de los haberes del difunto
Mobutu (que representa diez veces el presupuesto anual del Estado congolés), o
para la población de Nigeria, la restitución de la fortuna del dictador Abacha,
depositada en Suiza y en Gran Bretaña con la complicidad de los más grandes bancos.
Pensemos en la colosal fortuna colocada en los años 90-inicio del 2000 por las oligarquías rusas en los dos
mercados financieros citados arriba.
Una tal restitución implica la
apertura de procesos legales en los países de la Periferia y en los países más
industrializados. El ejemplo de la restitución por las autoridades suizas a los
poderes públicos filipinos en 2003,
después de un proceso que duró 17 años,
de una parte de la fortuna del dictador Marcos (658 mil millones de
dólares) nos muestra que ese objetivo puede ser logrado perfectamente[24].
Dichas investigaciones requieren una plena cooperación internacional y la
ratificación de la Convención de Roma, ya que desde marzo de 1991 la
sustracción fraudulenta de bienes públicos es considerada como una violación de
los Derechos Humanos. Ellas también permitirán que los corruptores y los
corrompidos no queden impunes (en especial, los banqueros y los gobiernos del
Norte). Es un instrumento que sirve para que avancen la democracia, la transparencia
y la probidad, reduciendo la corrupción
2.1.2.
Se trata también de apoyar las resoluciones del encuentro internacional
realizado en Dakar en diciembre del 2000 (“Des résistances aux alternatives”,
el texto completo puede ser consultado en el sitio internet del CADTM: www.cadtm.org/francais/manifestedakar.htm). Ellas exigen
la reparación por el pillaje al que fueron sometidos los pueblos de la
Periferia desde hace cinco siglos. Esto
implica también la restitución de los bienes culturales que fueron sustraídos a
los continentes asiatico y africano, a los pueblos de amerindia, caribeños y a
los de Oceanía. Movimientos cada vez más numerosos, con un activismo en
ascenso, plantean el problema de las reparaciones. Este tema fué incluído
oficialmente en el orden del día de la Conferencia de las Naciones Unidas
contra el racismo que se desarrolló à Durban en agosto 2001 por la presión
ejercida por los movimientos sociales africanos y por asociaciones de América
del Norte y del Sur. El gobierno norteamericano se retiró de la conferencia y
la Unión Europea maniobró para limitar el alcance de la resolución final. Su
delegado no estaba dispuesto a ir más allá del reconocimiento de la Trata de
Negros como un crimen contra la humanidad. Quiso evitar toda fórmula que
hubiera podido abrir la vía a la reclamación de reparación. Aun cuando esta
lucha tiene ya una larga historia, el
combate sobre la cuestión está en sus
comienzos. Es esencial, tanto por razones morales y económicas, que el tema se
imponga como una victoria.
Forma también parte de la reparación, la deuda
ecológica, contraída principalmente por las empresas transnacionales de los
países industrializados (pensemos en los daños provocados y a los pillajes
cometidos por las transnacionales
petrolíferas, por las transnacionales mineras, por laas que están en el
agrobusiness…), por los gobiernos del Norte y por el Banco Mundial (cons. la elaboración
hecha por la Alianza de los pueblos del Sur, acreedores de la deuda ecológica www.ecuanex.apc.org/accion/
y los trabajos de Joan Martinez –Universidad de Barcelona y de Aurora Donoso -Accion Ecologica, Ecuador).
2.2.
Nacionalización/socialización de los bienes propriedad de régímenes
dictatoriales en su propio país.
La anulación pone las cuentas en cero; el no pago de la deuda y la
expropiación de los haberes de los dictadores (y de su entorno) depositados en
el extranjero, «bienes malhabidos», permiten proporcionar el punto de partida
para un fondo de desarrollo. Hay que poder añadir a dicho fondo lo que estos
regímenes predadores acumularon como riquezas en su propio país. Se tiene que
proceder a un inventario para que los
bienes del régimen estén a disposición también del fondo de desarrollo. Este
fondo es necesario para emprender políticas positivas de cara a satisfacer las
necesidades reales de la población, para poner en marcha programas social y
ecológicamente útiles.
2.3.
Multar a los capitalistas fraudulentos
Teniendo en cuenta la importancia de los depósitos en el extranjero de
los poseedores de capitales de la Periferia quienes, para evitar el impuesto,
hancolocado esos capitales en el extranjero, es necesario proceder al
inventario de las fortunas poseidas, en el país y en el extranjero. Esto
implica que las autoridades de cada país, bajo presión de los movimientos
sociales, tomen disposiciones legales para levantar el secreto bancario en el
terreno nacional e internacional. Que luego, obtengan incluso mediante el envío
de comisiones rogatorias a los bancos privados extranjeros, las informaciones
necesarias sobre la identidad de estos poseedores de capitales y las sumas en
cuestión a fin de determinar multas fiscales, lo que haría entrar en las cajas
del Estado ingresos que de hecho se le deben. Como los poseedores de capitales
en el extranjero son propietarios de haberes en su país de origen, estos
haberes pueden ser congelados mientras la multa no sea pagada. Si esta no es
pagada, una parte de los bienes que poseen en el país, podría ser recuperada
inmediatamente para ser transferida al dominio público.
2.4.
Reforma monetaria redistributiva
La redistribución de las riquezas puede también ser realizada por medio
de una reforma monetaria apropiada. Sin
entrar a desarrollarla aquí, puede servir de inspiración la reforma monetaria
realizada tras la Segunda Guerra Mundial por el gobierno belga o, en otro
rincón del planeta, por las autoridades nicaragüenses en 1985. Este tipo de
reforma apunta a operar una punción principalmente sobre las rentas de los/las
que se enriquecieron a espaldas de los demás. El principio es sencillo: se trata,
con ocasión de un cambio de moneda, de no garantizar la paridad automática
entre la antigua y la nueva moneda (un viejo franco contra uno nuevo) más que
hasta un cierto limite . Por encima de ese limite, la suma excedentaria debe
ser colocada en una cuenta bloqueada y su origen ser justificado y
autentificado. En principio, lo que excede el limite fijado, es cambiado a una
tasa menos favorable (por ejemplo: dos antiguos francos contra uno nuevo); en
caso de origen criminal demostrado, la suma puede ser incautada[25]. Tal reforma
monetaria permite repartir una parte de
la riqueza de manera socialmente más justa. Otro objetivo de la reforma es
disminuir la masa monetaria en circulación para luchar contra tendencias
inflacionistas. Para que sea eficaz, hay que ejercer un control sobre los movimientos de capitales y
los cambios.
2.5.
Imposición de tasas globales en un cuadro internacional
2.5.1. Tasa
de tipo Tobin
A partir de
una propuesta inicial del premio Nobel de Economía James Tobin (1972),
desarrollada más tarde por otros economistas, luego adaptada por la red
internacional ATTAC (Asociación por un Tributo a las Transacciones financieras
y Ayuda a los Ciudadanos), un impuesto de este tipo podría liberar fondos
importantes para el desarrollo. De acuerdo con las evaluaciones hechas en 1995
por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED), una
tasa del 1% sobre 1.000 millones de
dólares por día, habría aportado 720 mil millones de dólares por año. A título
de hipótesis de trabajo, propone dividir dicho aporte en dos partes: 360 mil millones
de dólares para un fondo social y ecológico en los países donde la transacción tuvo su origen y 360 mil
millones de dólares para un fondo de
redistribución para los países del Sur (educación, salud, etc.). Ambos fondos
serían administrados por consejos de administración mixtos formados por
representantes de la sociedad civil y los gobiernos.
La
plataforma internacional de ATTAC propone una tasa del 0,1%, que aporta
anualmente alrededor de 100 mil
millones de dólares que pueden ser
utilizados para luchar contra las
desigualdades, para la educación, la salud pública, la seguridad alimentaria y
el desarrollo sostenible. Evidentemente, es imposible determinar con exactitud
el monto que una tal tasa dejará, dado que depende de la tasa impuesta y de la
amplitud de los flujos financieros[26].
ATTAC, con el apoyo de otros movimientos (entre los cuales el CADTM), considera que la Unión Europea (o la
zona euro en su interior) tiene la
dimensión suficiente para aplicar una tasa de tipo Tobin, sin que sea
necesario esperar una decisión a nivel mundial.
Sin embargo,
parece necesario, dada la globalización de los mercados que se operó desde la
propuesta inicial de Tobin (y especialmente el desarrollo de productos
derivados creando pasarelas entre todos los mercados), imponer tasas sobre
todas las transacciones financieras (acciones, obligaciones, divisas y derivados),
a fin de que los operadores no puedan evitar esta tasa de solidaridad pasando por otros mercados.
La centralización informática de la liquidación de las operaciones, por medio
de las clearing houses tales como la SWIFT para el mercado de cambios y,
Clearsream y Euroclear para las transacciones mobiliarias internacionales,
facilita enormemente la viabilidad de una tal tasa, ya que todas las
transacciones financieras internacionales son realizadas y registradas en esas
instituciones.
2.5.2. Tasa
sobre las IDE, sobre los beneficios de las transnacionales y otras tasas
globales…
El
movimiento ATTAC propone igualmente una tasa sobre las inversiones directas en
el extranjero (IDE).Según ATTAC, el monto de la tasa oscilaría entre 20% y 10% en función de una clasificación
elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomando como base
el grado de respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y
aplicando una escala específica a diferentes categorías de países. Entre las
proposiciones de ATTAC aparece también la de una tasa sobre los beneficios de
las transnacionales. Según ATTAC, la tasa de tipo Tobin, las impuestas sobre
las IDE y las que tasan los beneficios de las transnacionales, deberían ser depositados en un Fondo mundial para la
garantía de los derechos humanos y la protección del medio ambiente (que
converge con la proposición contenida en este capítulo).
En términos
de tasas globales, aparte de la tasa sobre las grandes fortunas enunciadas en
el punto 2.7., la proposición de tasar el kerosene utilizado por las compañías
aéreas está siendo discutida en diferentes movimientos. El kerosén de aviación
es el único combustible fósil no tasado. Su consumo ocasiona daños al medio
ambiente y contribuye al agotamiento de energías no renovables. Dado que los
efectos negativos son globales, es lógico pensar en términos de una tasa global
que las compañías aéreas deberían
depositar en un Fondo mundial para la garantía de los derechos humanos y la
protección del medio ambiente; una tasa sobre la emisión de CO2 (se hace la
misma observación que para la tasa sobre el kerosene en cuanto a su finalidad).
2.6. Llevar
la ayuda oficial al desarrollo (AOD) a por lo menos 0,7 % del PIB reformando a fondo su espíritu. Más que
de AOD hablemos de Fondo de reparaciones
El monto
actual de la AOD no neutraliza el efecto negativo del reembolso de la deuda. En
contraposición con una idea preconcebida, una parte significativa de la AOD
contribuye al aumento del endeudamiento de los PED (ver detalles en el capítulo
9).
Primero, hay
que tener en cuenta el hecho de que una parte importante de la AOD está
compuesta de préstamos, lo que aumenta la deuda de los PED. En 2002, el monto
total de la AOD apenas alcanzó 57 mil
millones de dólares, o sea, seis veces menos que los PED reembolsaron como servicio de la deuda
externa.
En 2002, AOD
no representó más de 0,23% del producto interior bruto (PIB) de los países más
industrializados, los que se comprometieron en varias ocasiones en el marco de
la ONU para alcanzar el objetivo del 0,7%. En realidad la AOD disminuyó en más
de 30 % entre 1992 y 2002, en contradicción escandalosa con las promesas que
hicieron en Rio (1992) los Jefes de Estado de los países industrializados.
Con un
promedio actual de 0,23 %, la AOD debe ser multiplicado grosso modo por tres
para alcanzar los compromisos asumidos. Sabiendo que la AOD oscila en un
término medio, alrededor de 50 mil millones
de dólares, lo que multiplicado por tres indica que se debería alcanzar
la suma de 150 mil millones de dólares
por año. Esta suma debería ser depositada en su integralidad como donación ( y
no, como es el caso, a menudo, como préstamos). En fin, más que hablar de ayuda
convendría desde ya, utilizar el término de reparación. En efecto, como se
indicó en el punto 2.1.2, se trata de reparar los daños provocados por
siglos de pillaje y de intercambio desigual. La suma de 150 mil millones de dólares de donación
debería ser depositada por una parte, en un
Fondo mundial para la garantía de los derechos humanos y la protección
del medio ambiente, administrado por los PED (en el marco de la ONU). Por otro,
depositada en un Fondo de desarrollo nacional controlado por las poblaciones y
sus representantes.
2.7.
Instaurar un impuesto excepcional sobre el patrimonio de las grandes fortunas
En su informe de 1995, la Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo propone la imposición de un impuesto único (= una vez
en la vida) sobre el patrimonio de las grandes fortunas.
Este impuesto aplicado en todo
el mundo permitirá movilizar fondos considerables. El impuesto excepcional
(diferente de un impuesto recurrente sobre el patrimonio, tal como existe en
algunos países del planeta) podría ser aplicado a escala nacional sin necesidad
de esperar una decisión a nivel mundial. La CNUCED no propone un porcentaje
preciso ni sobre qué tipo de gran fortuna el objetivo se aplicarà.
Hay que bajar a la arena.
Digamos que tal impuesto excepcional (una vez en la vida) de solidaridad del
orden del 10% sobre el patrimonio del 10% de los más ricos de cada país, podría
generar recursos internos considerables.
En la
mayoría de los casos, los contribuyentes pagan impuestos nacionales o
federales, a los que se agregan
impuestos locales (comunales, regionales…). Los contribuyentes especialmente ricos,
deben estar sometidos a un régimen semejante, pero extendido en todas partes.
Además del impuesto deducido a nivel nacional, los ricos deberían estar bajo un
régimen de impuesto mundial excepcional sobre la fortuna, deducido en el lugar
donde poseen su fortuna, que sería depositado en un Fondo mundial para la
garantía de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
La
concentración de la riqueza en manos de una minoría ínfima alcanzó una
dimensión jamás vista en la historia de la humanidad, y eso en el conjunto de
los países (las excepciones pueden ser contadas con los dedos). Las fortunas
acumuladas alcanzan montos absurdos que constituyen un insulto a la conciencia
de los pueblos. Como fué indicado en la introducción de este capítulo, según la
edición 2003 del Informe mundial sobre la riqueza (World Wealth Report 2003)
publicado por la consultoría en gestión de fortunas, Cap Gemini Ernst and
Young y al banco de negocios Merrill
Lynch, en 2002 se contaban 7,3 millones de millonarios en dólares (o sea,
alrededor de un millonésimo de la población mundial) disponiendo de 27.300 mil
millones de dólares (sin tomar en cuenta el lugar de la residencia
principal).
Un impuesto
excepcional mundial de 20 % sobre el patrimonio de ese un millonésimo más rico
del planeta permitiría grosso modo, recoger 5.500 mil millones de dólares (27.300 dividido 5 = 5.475
dólares) que alimentarían un Fondo mundial para la garantía de los derechos
humanos y la protección del medio ambiente (ya alimentada por una tasa tipo
Tobin y por otras tasas globales). Una parte sería utilizada como donación y
otra sería prestada a tasas de interés bajas o con tasa cero (lo que permitiría
la reconstitución permanente del Fondo).
Varias
interrogantes subsisten. Qué tasa imponer ? Una tasa única de qué
porcentaje ? Una tasa progresiva ?
Qué parte de
los recursos del Fondo sería distribuída como donaciones ? Qué parte sería
otorgada como empréstito ? qué monto de tasa ? Con qué
modalidades ? Qué parte de fondos sería destinado a proyectos
mundiales ? A proyectos continentales ? Un fondo para la
reforestación ? Un fondo para la desnuclearización total ? Qué
prioridades y cuales proyectos? Determinados por quién ? La AG de la ONU
precedida de referendums nacionales ? Continentales ? Qué monto sería
destinado a proyectos locales ? En general, resulta conveniente ir hacia
un sistema fiscal más redistributivo dando a los poderes públicos los medios
para cumplir sus obligaciones respecto de sus ciudadano(a)s en materia de derecho
económicos, sociales y culturales.
3.-
Una nueva lógica de desarrollo
A la lógica actual de desarrollo en la que los países del Sur, bajo la
coacción de los acreedores adoptan programas de ajuste de tipo neoliberal, debe
ser sustituida por una lógica de desarrollo endógeno e integrado. Esta mutación
pasa por la puesta en práctica de las siguientes medidas:
3.1. Poner
fin a los planes de ajuste estructural
Los planes de ajuste estructural (PAE), al imponer la liberalización
total de las economías del Sur, tienen como consecuencia el debilitamiento de
los Estados haciéndolos más dependientes de las fluctuaciones exteriores
(evolución de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.) y los somete
a las condicionalidades impuestas por la dupla Banco Mundial/FMI, y por
detrás, por los gobiernos de los países
acreedores reagrupados en el Club de París.
Los PAE, sin
resolver el problema del endeudamiento (la deuda de los PED se cuadruplicó
desde la puesta en vigencia de los PAE, mientras la misma fue reembolsada ocho
veces durante el mismo período), libran las economías de la Periferia al
apetito de las grandes empresas multinacionales, lo que conlleva despidos
masivos y cortes drásticos en los presupuestos sociales. Impiden así un
verdadero desarrollo humano. La
Comisión de Derechos humanos de la ONU[27] adoptó múltiples
resoluciones sobre la problemática de la deuda y del ajuste estructural. En una
resolución adoptada en 1999, la Comisión afirma que «el ejercicio de los derechos fundamentales de los países endeudados
a la alimentación, a la vivienda, al vestido, al trabajo, a la educación, a los
servicios de salud y a un medio ambiente sano, no puede estar subordinado a la
aplicación de políticas de ajuste estructural y a reformas económicas generadas
por la deuda» (1999, Art.5).
Por su parte, el Secretario General escribió que «el relator especial de la ONU sobre el
ajuste estructural pone en evidencia que los programas de ajuste estructural
que las instituciones financieras internacionales recomiendan, influyen de
manera claramente negativa (tanto directa como indirectamente), en el ejercicio
de los derechos económicos, sociales y culturales y son incompatibles con el
ejercicio de esos derechos» (ONU, Secretario General, 1995, p.66, citado
por Chris Jochnick, 2000, p.136).
Por otro lado, según la ONU,
ciertas condiciones impuestas por los acreedores y por los proveedores de
fondos constituyen una violación a la libre determinación de los pueblos: «Todo
país tiene el derecho soberano a disponer libremente de sus recursos naturales
para su desarrollo económico y para el bienestar de su población; toda medida o
presión exterior, política o económica que se ejerza sobre el ejercicio de ese
derecho, es una violación patente al principio de libre determinación de los
pueblos y de no intervención enunciadas en la Carta de Naciones Unidas (...).
Esas medidas incluyen la presión económica destinada a influenciar la política
de otro país o a controlar sectores esenciales de su economía nacional. La
asistencia económica y técnica, los préstamos y el aumento de las inversiones
extranjeras deben ser realizados sin imponer
condiciones que vayan contra los intereses del país que las recibe» (Secretario General 1995: 165, 171, 173).
El relator
especial de la ONU sobre los efectos de los PAE y de la deuda externa sobre el
goce efectivo de todos los derechos humanos, en especial los derechos
económicos , sociales y culturales (sic !), Fantu Cheru, declara :
« La agravación de la malnutrición, el retroceso de la tasa de escolarización
y la agudización del desempleo fueron imputados a las políticas de ajuste
estructural. Sin embargo, esas instituciones continuan a prescribir la misma terapia, haciendo de ella una
condición para el beneficio de un alivio de la deuda, negando con ello la
evidencia – a saber, que los planes de ajuste estructural, acentuaron, sin
ninguna duda, la pobreza » (in ONU,
Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2001/56, 18 janvier 2001, p.
14).
El balance humano de las
políticas de ajuste estructural es indiscutiblemente negativo. Deben ser, en
consecuencia, suprimidas, y reemplazadas por políticas a favor de la
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales dando prioridad al
mercado interno, a la seguridad alimenticia y buscando complementariedades
regionales o continentales.
3.2. Los
sectores estratégicos que fueron privatizados tienen que volver al dominio
público
Las reservas y la distribución de agua, la producción y distribución
eléctrica, las telecomunicación, el correo, los ferrocarriles, las empresas de
extracción y de transformaciones de bienes primarios, el sistema de crédito,
ciertos sectores de la educación y de la salud... han sido sistemáticamente
privatizados o están en camino de serlo. Conviene asegurar el regreso de estas
empresas al dominio público.
3.3. Adoptar
modelos de desarrollo parcialmente autocentrados
Tales modelos implican la construcción de bases económicas interiores
suficientemente sólidas para poder a continuación abrirse a los intercambios
internacionales.
Ese tipo de desarrollo supone
la creación de zonas política y económicamente integradas, el nacimiento de
modelos de desarrollo endógenos, un refuerzo de los mercados interiores, la
creación de un ahorro local para el autofinanciamiento, el desarrollo de la
educación y de la salud, la instauración de un impuesto progresivo y de
mecanismos de redistribución de las riquezas, una diversificación de las
exportaciones, una reforma agraria que garantice el acceso universal a la
tierra a los campesinos, una reforma urbana
que garantice un acceso universal a la vivienda, etc.
La estructura mundial actual,
cuya lógica impone a la Periferia el aporte de materia prima y de mano de obra
barata a un Centro poseedor del capital y de la tecnología, tiene que ser
substituída por reagrupamientos económicos regionales. Sólo un desarrollo de
este tipo, parcialmente autocentrado, permitiría que emerjan relaciones
Sur-Sur, condición sine qua non para el desarrollo económico de la
Periferia y, por extensión, del mundo.
Esas zonas integradas podrían
dotarse de instituciones regionales que tengan un poder de regulación económico
y social.
3.4.
Actuar sobre el comercio
La existencia de un intercambio desigual entre los países más
industrializados y los de la Periferia constituye una de las causas
fundamentales del endeudamiento de estos últimos. En efecto, el intercambio
desigual crea un déficit estructural de la balanza de pagos: las importaciones
crecen más rápido que las exportaciones, lo que genera un endeudamiento.
Es necesario poner fin a la
tendencia histórica del deterioro de los términos de intercambio. Para ello,
deben establecerse mecanismos que garanticen una mejor remuneración de la
canasta de productos exportados por los países en desarrollo (estabilizar los
precios de las materias primas, garantizar los pagos de exportación, constituir
stocks reguladores - lo que implica el abandono del stock cero, etc.).
Para avanzar
hacia la concertación de tales mecanismos, habría que apoyar los esfuerzos de
los países en desarrollo para
constituir carteles de países productores. La organización de países
exportadores de petróleo (OPEP) juega
un rol positivo en varios aspectos[28].
La creación de tales carteles podría permitir a la vez, una reducción de los
volúmenes exportados ( lo que por un lado, limitaría el agotamiento de recursos
naturales y por otro, permitiría aumentar la superficie utilizada para el
cultivo piscícola) y un aumento de los ingresos de exportación para la
reinversión en el desarrollo en los países beneficiarios. Por qué no un cartel
de productores de cobre ( Chile representaba hasta hace poco 30% de las exportaciones mundiales) ? Un
cartel del café ? Un cartel del té ? Etc.
Por otro
lado, los países de la Periferia tienen que poder hacer uso de medidas de
protección de sus producciones locales.
En relación
con la agricultura, como lo reinvindica Via Campesina, es conveniente reconocer
el derecho de cada país (o grupo de paises) a la soberanía alimentaria, en
especial, a la autosuficiencia para los productos de base. La protección a la
importación es su corolario, en abierta contradicción con la cuota mínima de
importación agrícola de 5% impuesta actualmente por las reglas de la OMC a
todos los países miembros.
Como lo
afirma Via Campesina : « Para garantizar la independencia y la
soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es crucial que los
alimentos sean producidos en el marco de sistemas de producción diversificados,
de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a
definir sus propias políticas agrícolas y en el campo de la alimentación, de
proteger y reglamentar la producción agrícola nacional y el mercado interno a
fin de alcanzar objetivos sostenibles, de decidir en qué medida ellos buscan la
autosuficiencia sin desembarazarse de sus excedentes en terceros países,
practicando el dumping. (…) No se tiene que dar la primacía al comercio
internacional sobre los criterios sociales, medioambientales, culturales o de
desarrollo (Via Campesina, in Rafael Diaz- Salazar 2002, p.87 et 90). Por otro lado, Via Campesina se pronuncia en favor de la « abolición
de todo apoyo y subsidios directos e indirectos a las exportaciones », en
favor de la « prohibición de la producción y de la comercialización de
semillas y de alimentos genéticamente modificados » en favor de la
« prohibición del patentado del ser vivo así como la apropiación privada
del saber concerniente a la agricultura y a la alimentación » (op. cit.)
Las reglas del comercio mundial
deben además subordinarse a criterios medioambientales, sociales y culturales
estrictos. La salud, la educación, el agua y la cultura deben eliminarse del
campo del comercio internacional. Los servicios públicos de interés general son
la garantía de los derechos fundamentales y deben, por tanto, ser excluidos del
Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (AGCS). Resulta conveniente
además abolir los acuerdos sobre los aspectos del derecho de propiedad
intelectual relativos al comercio (ADPIC) que permiten una apropiación por el
Norte de las riquezas naturales del Sur y que impiden a los países del Sur
producir libremente bienes (medicamentos, por ejemplo) para la satisfacción de
las necesidades de sus pueblos.
3.5.
Garantizar a las personas el derecho de
circular y establecerse libremente
Además del
hecho que la libertad de circulación y de residencia constituye un derecho
humano elemental, hay que tener en cuenta que los envíos de los migrantes a sus
familias que viven en los PED representan un considerable para decenas de
millones de familias. Solo en 2002, los envíos de los migrantes representaron
la suma de 80 mil millones de dólares
(ver detalles en el capítulo 9), o sea, dos veces más que la parte de
donación del total de la ayuda pública al desarrollo. Hay que oponerse
tenazmente a la libre circulación de capitales y de mercancias y contra las
egoístas políticas neoliberales, pronunciarse por la concretización del derecho
de circulación y de residencia de las personas. Evidentemente, sobre la base de
una verdadera mejoría de las condiciones de vida que será la consecuencia de la
aplicación de las medidas preconizadas arriba, las presiones migratorias tendrán
una fuerte disminución. Es desde este ángulo que el problema tiene que ser
solucionado y no a través del cierre de fronteras a los seres humanos.
4.- Nueva disciplina financiera y
democrática
Las repetidas crisis financieras de los 90
probaron, por el absurdo, que ningún desarrollo durable puede ser logrado sin
un control estricto de los movimientos de capitales y de la evasión fiscal.
Varias medidas son entonces necesarias para someter a los mercados financieros
a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales.
4.1.
Reglamentar de nuevo los mercados financieros
La desregulación de los mercados financieros ha entrañado un desarrollo
totalmente desmesurado de la especulación financiera.
Es tiempo de reglamentar
nuevamente los mercados financieros, comenzando por asegurar el seguimiento de
todas las operaciones financieras (determinar claramente quién es el actor, qué
es lo que hace y con qué objetivo).
4.2. Controlar los movimientos de capitales, a fin de que el ingreso de
capitales internacionales no desemboque más en reflujos devastadores. El artículo VI de los estatutos del FMI
prevé de manera explícita y bien fundada medidas de control de capitales
ejercidas por las autoridades de un país. Este artículo permite a un país miembro
del FMI «ejercer un control sobre los movimientos de capitales a fin de
regularlos[29] ».
Una medida apropiada podría ser
el establecimiento de un depósito temporal y obligatorio, imponiendo a toda
entrada de capital un depósito conjunto por un año de un valor igual al 30% de
la suma invertida. Al cabo de un año, ese depósito será restituido al inversor
(incentivado a no invertir sino a largo plazo). El depósito no sería
remunerado.
Existen otras muchas medidas de
control, particularmente la obligación de mantener las acciones y obligaciones
al menos un año antes de revenderlas, la limitación de la convertibilidad de la
moneda a las transacciones comerciales (excluyendo como consecuencia las
actividades financieras). La imposición de un fuerte impuesto en caso de
fluctuaciones excesivas (como propone el economista Bernd Spahn), etc.
4.3. Suprimir los paraísos fiscales que
tienen como efecto inflar la burbuja financiera y fragilizar las economías
lícitas (entre 500 y 1.500 mil millones de dólares son lavados
anualmente). Con ese objetivo, los
Estados deben identificar por medio de las clearing houses las
transacciones provenientes de los paraísos fiscales y establecer fuertes
impuestos sobre ellas, a fin de anular la ventaja sacada de esta política
fiscal desleal. Paralelamente es necesario levantar el secreto bancario
para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, el desvío de fondos públicos y la
corrupción.
4.4. Adoptar
reglas que aseguren la protección de los países que recurren al endeudamiento
externo: el endeudamiento exterior puede justificarse si los
países interesados lo deciden democráticamente. Pero es necesario organizar el
uso de la deuda según principios radicalmente diferentes a los que han
prevalecido hasta ahora. Dos nuevos principios deben ser respetados.
Primero, el
de una condición «a la inversa»: la carga del reembolso y del interés de esos
prestamos pactados a tasas de interés bajas e inferiores a las del mercado no
será asegurada sino cuando sea probado que esa deuda ha permitido efectivamente
la creación de riqueza suficiente en los países deudores.
Segundo,
una protección fuerte y eficaz de los países deudores deberá ser organizada en
favor de los países en desarrollo a escala internacional, de suerte que puedan
defenderse contra toda forma de abuso y de expoliación por los
bancos, los inversores privados internacionales y las instituciones financieras
internacionales.
Asimismo,
como sugiere Carlos Marichal (Carlos Marichal, 2002 in Fattorelli, p.21), es
necesario de forzar a las empresas privadas que contraen préstamos a que asuman
los riesgos. Toda empresa que hace préstamos en el exterior tendría la
obligación de tomar un seguro ante una sociedad alternativa de seguro. Así se
evitaría que en caso de insolvencia de la empresa, que sea el Estado – y en
consecuencia, los contribuyentes- que tengan que pagar en lugar de la empresa
privada, como ocurre regularmente (ver la asunción de deudas por los poderes
públicos de los países endeudados durante la crisis de los 90 en el sudeste
asiático y en América Latina).
4.5. Control
democrático de la política de endeudamiento.
La decisión de los Estados de contratar préstamos y los términos en los
que éstos son suscritos deben ser sometidos a la aprobación popular (debate y
voto en el parlamento, control ciudadano).
5.- Medidas
complementarias indispensables
La anulación
de la deuda externa pública de la Periferia, el abandono de las políticas de
ajuste estructural y las demás medidas propuestas más arriba constituyen las
condiciones necesarias pero son en sí mismas insuficientes para garantizar un
auténtico desarrollo humano de los pueblos. Para ello, son indispensables
medidas complementarias comenzando por la igualdad hombre/mujer y el derecho de
los pueblos indígenas a la autodeterminación. A escala planetaria, conviene
también garantizar el derecho universal a un
empleo digno por una reducción radical del tiempo de trabajo en contra
de la lógica actual que ve a parados coexistir con asalariados sobrecargados y
consumidos por el estrés [30];
el derecho universal a una renta de ciudadanía (Passet, 2000, p.266-278; ATTAC,
2001a, Coutot y Husson, Avenue du Plein emploi, p.66); la ruptura, tanto en el
Norte como en el Sur, con el mecanismo de la deuda pública que engendra
políticas de austeridad y transferencias masivas de las rentas de los
ciudadanos hacia los poseedores de capitales[31]
; la defensa de los sistemas de pensiones por reparto en oposición al sistema
de pensiones por capitalización (la instauración del sistema de pensiones por
reparto allí donde no exista) (Kalfa en ATTAC 2001b, Une économie au service de
l´homme pp.141-159); la gratuidad de la educación y de la salud; la prohibición
de los OGM en la agricultura, como pide Vía Campesina; amplios programas de
trabajos públicos socialmente útiles y que preserven el medio ambiente
(ejemplos: construcción de alojamientos y ordenación urbana, renovación del
hábitat existente, infraestructura de transportes colectivos por
ferrocarril...); campañas de alfabetización, vacunación, cuidados de salud
primaria como se han conocido con resultados extraordinarios en Nicaragua,
entre 1980 y 1983, en Cuba, en la primera fase de la revolución.....
Gastos en armamentos:
hay que prestar particular atención a la reducción drástica de los gastos de
armamento, cuando estos representan alrededor de 800 mil millones de dólares al
año. La aplastante mayoría de la producción de armamento se realiza en los
países del G8 (ver cap.9). Estos países, vía la concesión de créditos a la
exportación, empujan a los países de la Periferia a comprar armas, a pesar del
discurso hipócrita que pretende lo contrario. Los países más industrializados,
comenzando por EE.UU. (alrededor de 400 mil millones de dólares de dólares),
gastan sumas locas para producir útiles de destrucción y de muerte. Reducir de
forma drástica los gastos de armamento y comprometerse en la vía del desarme
integral permitiría recoger enormes dividendos de la paz y repartirlos en
beneficio de todos.
Empresas
transnacionales : convendría que puedan ser traducidos en justicia
tanto ante jurisdicciones nacionales (incluídos los países donde se encuentran
las filiales de transnacionales) como internacionales. Pensemos en las familias
de más de 10.000 habitantes de Bhopal cuya atroz muerte fué provocada por la
transnacional Union Carbide en la India en abril 1984. Los dirigentes de la
Union Carbide quedaron impunes. En este sentido, el proceso iniciado en 2002 ante un tribunal de New York por las
víctimas de l’apartheid contra 21 transnacionales es ejemplar. 21 transnacionales
son perseguidas por complicidad con un régimen responsable de crímenes contra
la humanidad. Es necesario que los poderes públicos usen el poder para obligar
a las transnacionales a respetar los tratados y convenciones internacionales y
legislaciones nacionales en materia de derechos humanos, en materia de
protección del medio ambiente. Se trata también de romper con los acuerdos
bilaterales sobre las inversiones, (ABI) una variante del AMI (Acuerdo
multilateral sobre las inversiones) porque confieren a las transnacionales
poderes exorbitantes, conllevando la renuncia al ejercicio de la soberanía
nacional. Es necesario que tenga aplicación el derecho de los Estados a
nacionalizar las filiales de transnacionales a fin de poner a la disposición de
los ciudadanos los recursos naturales.
La
cuestión de la democracia política es central. Sin la intervención activa de
los ciudadanos/as en todos los escalones de la decisión política, el conjunto
de las propuestas presentadas aquí no tiene verdaderamente sentido.
Bienes
comunes de la humanidad
La reflexión
sobre los bienes comunes de la humanidad está en el centro de los debates. El
nombre que se le da varía (bienes públicos, patrimonio común de la humanidad…).
En efecto,
"son los derechos y las necesidades fundamentales de la persona humana asi
como las necesidades ecologicas que permiten juzgar de lo que debe ser o no
ser, a la escala mundial, un bien publico" (Lille et Verschave, 2003).
Establecer una lista, una clasificacion de los bienes comunes requiere entonces
de una vasta consultacion democratica en donde se reflejen historias y culturas
diferentes.
El
« campo » cubierto por la noción de "bien" se amplía puesto
que la discusión democrática necesaria para establecer una lista, una
clasificación y también una jerarquía, refleja distintas historias, varias
culturas diferentes. La noción de
"bien" coincide con la noción de derecho a la vida, a la energía, al
agua y al aire puro – que implican la reivindicación de la construción de un
verdadero derecho ecológico mundial -, la salud, la educación…. El concepto de
bien común obliga a definir la misión de los actores a partir de derechos
fundamentales, de opciones sociales, superiores a toda otra consideración. Hay
uno sobre el que queremos insistir: es el bien común de la justicia (justicia
penal, justicia económica y social) puesto que coincide de hecho con todos los
otros bienes comunes mundiales. La justicia es al mismo tiempo la condición y
un componente de los bienes comunes fundamentales: igualdad, libertad,
solidaridad.
6.-
Que futuro para el FMI, el Banco Mundial y la OMC ?
Desde
hace algunos años se abrió el debate sobre las posibilidades de reformar una
serie de instituciones internacionales, en especial la OMC, el FMI, el Banco
Mundial y los bancos regionales que están relacionados. Ciertos puntos del
debate pueden ser rápidamente superados: son o no necesarias instituciones
mundiales públicas en los campos comercial, monetario, y de crédito ? La respuesta
es afirmativa porque no se avanzará hacia la resolución de conflictos
internacionales y mundiales sin instituciones permanentes reconocidas
internacionalmente y democráticamente legítimas.
Un
segundo punto del debate podría alcanzar el consenso: son necesarias únicamente
instituciones de alcance mundial o sería conveniente delegar una serie de
competencias a organismos regionales de tal manera a evitar un centralismo que
las aleje de las realidades cotidianas
de los pueblos? Se podría llegar a un acuerdo sobre la idea de que en el
seno de las organizaciones mundiales, las estructuras regionales gocen de una
larga autonomía. Para dar un ejemplo: en el momento de la crisis asiática de
1997-98, el gobierno de Estados Unidos y la dirección del FMI se opusieron a la
creación de un fondo monetario asiático cuando la existencia de un tal fondo
hubiera permitido reaccionar a los ataques especulativos en forma concertada y
mucho más que todo lo que podría hacer una organización mundial. Se puede
concebir perfectamente un FMI que coexista con fondos monetarios regionales.
Otro ejemplo: un fondo monetario latinoamericano y caribeño podría dar
nacimiento a una moneda común entre las naciones de América Latina y del
Caribe. Dificilmente se pueda esperar que una organización mundial favorice la
creación de una moneda regional. Claro, si fuera posible adoptar una moneda
mundial, eso sería un verdadero progreso. Pero se tiene que comprender que para
llegar a esto será necesario superar ciertas etapas, en especial, el
agrupamiento de los países de la Periferia para dotarse de una moneda común a
fin de dejar de lado, en la medida de lo posible, el dólar, el euro y el yen
para conectarse entre ellos y así no depender más de la fluctuación de estas
monedas.
Estas
dos precisiones hechas, se puede abordar el punto esencial del debate : es
conveniente concentrarse sobre la reforma de las instituciones (en especial el
trío mencionado arriba) o conviene más actuar en favor de su substitución por
otras nuevas ?
La reforma o sustitución del
FMI, del BM y la OMC es actualmente objeto de un debate en diferentes
movimientos sociales y diferentes redes que adhieren al movimiento por otra
mundialización. En general, hay un acuerdo tanto sobre la necesidad de instituciones
mundiales relativas a los intercambios, al crédito y al comercio[32]
como sobre el rechazo de las políticas actualmente defendidas por el FMI, el BM
y la OMC. El debate versa sobre la posibilidad de reforma o sobre la necesidad
de substitución. Es lo que explicaba Gus Massiah, presidente del CRID en
Francia (Centre de recherche et d'information sur le développement) y miembro
del Consejo Científico de ATTAC Francia en su intervención sobre las
conclusiones del seminario organizado sobre el futuro de las Instituciones
Financieras Internaciones en la Asamblea Nacional en París los días 22 y 23 de
junio de 2001: «En el plano de las consignas, hay una discusión entre
quienes consideran que estamos en un período en el que hay que reclamar su
desaparición, ponerlas entre paréntesis para construir otras instituciones, y
quienes piensan que la crisis actual en su seno ofrece oportunidades de
hacerlas evolucionar imponiéndoles reformas estructurales. No es una cuestión
dogmática o teológica. Se trata de un análisis de la situación y de las
oportunidades políticas. La discusión permanece abierta, cada uno de los
movimientos debe apreciar cómo progresar en relación a los objetivos comunes»
(Gus Massiah, junio 2001). Este debate no impidió que las diferentes
componentes del movimiento se pongan de acuerdo sobre una serie de objetivos
comunes y un calendario de acción.
Hay
que optar por proposiciones que definan radicalmente de nuevo el fundamento de
la arquitectura internacional (misiones, funcionamiento….). Tomemos de nuevo el
caso de las instituciones mundiales como la OMC, el FMI y el Banco Mundial.
En lo que respecta la OMC,
compartimos el punto de vista abolicionista de Walden Bello y de Nicola Bullar
de la red Focus on the Global South (Bello, 2000a) así como el de
François Houtart y de Samir Amin del Forum Mundial de las Alternativas (Amin
2000). Michel Husson presenta sintéticamente los argumentos de la forma
siguiente: «El tratado que instituyó la OMC es un contrato leonino, de tipo
imperial. No puede fundar un orden
económico mundial favorable al desarrollo. Por ello luchamos por el
desmantelamiento de la OMC y la devolución de sus funciones a otras
instituciones. La CNUCED podría proporcionar el marco en el que serían puestos
en pie acuerdos en el sentido de un verdadero codesarrollo. Tal institución
tendría por función garantizar y organizar el derecho de los países del Sur a
tomar las medidas de protección necesarias para su inserción en el mercado
mundial, cuando toda la lógica de la OMC está dirigida a la negación de ese
derecho; intentaría asegurar las transferencias de tecnología, en sentido
inverso a la OMC que está principalmente preocupada por la protección de los
derechos de la propiedad, y de patentar todo lo que puede ser patentado.
Finalmente, en lugar de querer dar a la OMC un papel de juez en materia de
derecho del trabajo, hay que extender los poderes y las competencias de la
Organización Internacional del Trabajo, dándole posibilidades de recurso. Es en
este marco en el que se debe llevar a cabo el debate sobre las «cláusulas
sociales», y los sindicatos y las ONGs deben constituir un frente común por un
avance universal de los derechos sociales» (Michel Husson, junio 2001).
La
nueva OMC o la organización que la reemplace debería, en el campo comercial,
apuntar a garantizar la materalización de una serie de pactos internacionales
fundamentales, comenzando por la Declaración universal de los derechos humanos
y todos los tratados fundamentales en materia de derechos humanos (individuales
o colectivos) y medioambientales. Su función sería de supervisar y de
reglamentar el comercio de tal forma que sea conforme rigurosamente a las
normas sociales (convenciones de la Organización Internacional del Trabajo–
OIT) y medioambientales. Esta definición entra directamente en conflicto a los
objetivos actuales de la OMC, los cuales imponen el librecambismo y
mercaderización de todas las actividades humanas y de todos los recursos
naturales, apuntando a generalizar nuevas reglas sistemáticamente favorables a
los intereses de las firmas transnacionales( y desde luego, en general definida
por ellas). Esto implica evidentemente una estricta separación de
poderes : está fuera de toda discusión que la OMC, lo mismo que otra
organización, tenga en su seno su propio tribunal. De ahí la necesidad de
suprimir el Organo de arreglo de diferendos.
El
Banco Mundial, o lo que haga oficio de tal, volverá a encontrar una legitimidad
si, una vez regionalizada, tuviera por función de otorgar préstamos con bajos,
o cero, intereses y donaciones que solo serán hechos bajo la garantía expresa
que serán utilizadas con respeto riguroso de normas sociales y medioambientales
y en general, de los derechos humanos fundamentales.
Al
contrario del banco Mundial actual, el nuevo que necesita el mundo no buscaría
a representar los intereses de los acreedores y a imponer a los deudores la
sumisión al rey mercado. Este banco tendría por misión prioritaria la defensa
de los intereses de los pueblos beneficiarios de los préstamos y de las
donaciones.
En
lo que respecta al FMI, el mismo debería ( en su nueva forma que guardará en
ciertos aspectos, su mandato original) garantizar la estabilidad de las
monedas, luchar contra la corrupción, controlar el movimiento de capitales,
actuar para impedir los paraísos fiscales y el fraude fiscal. Para alcanzar
este objetivo, podría contribuir con
las autoridades nacionales y con los fondos monetarios regionales en la colecta
de diferentes tasas (tasas tipo Tobin, tipo Spahn, tasas sobre las inversiones
directas en el extranjero…).
Todas
estas pistas necesitan pensar en una arquitectura mundial coherente,
jerarquizada y dotada de una división de poderes. La solucion sería la ONU en
la medida en que la Asamblea general llegue a ser la verdadera instancia de
decisión. Esto implica la supresión del estatus de miembro permanente del
Consejo de seguridad ( y del derecho de veto) La Asamblea general podría
encargar misiones especiales a
organismos ad hoc.
Se
podría igualmente reformar la ONU como lo propone Gilbert Achcar (2002),
dotándola de un sistema bicameral según el modelo de la constitución
norteameridcana o el de la URSS de 1923: una cámara de Estados según el modelo
de la Asamblea general actual y una cámara de las poblaciones, elegida por
sufragio directo con representación proporcional (G. Achcar, 2002, p. 165).
Como
órgano permanente, al lado del Consejo de seguridad, el cual podrá actuar solo
con mandato de la Asamblea general
podría ser creado un Consejo Económico y Social (de hecho el ECOSOC actual,
pero con verdaderos medios de acción resultado de un mandato explícito de
la Asamblea general). Haciendo una
comparación útil, hay que evitar de dar al Consejo de seguridad y al Consejo Económico
y Social poderes comparables a los de la Comisión Europea ( exorbitantes y
antidemocráticos. El Consejo de seguridad y el Consejo Económico y Social
deberían estar subordinados a la Asamblea general de la ONU.
En
general la ONU juega hoy el papel de bombero o de ambulancia internacional. En
algunos casos sirve de coartada o de fachada a agresiones militares llevadas a
cabo por los países mas poderosos (como fue el caso de la intervención
norteamericana con sus aliados en la primera guerra del Golfo en 1991 y en
Somalía en 1992). E n forma cada vez
más frecuente hace la promoción de las empresas transnacionales más poderosas
(ver en especial Global Compact tomada por el Secretario general Koffi
Annan en 2000).
La
ONU, dando la espalda a esta prácticas indignas, debe volver a ser el promotor
de un nuevo orden económico y social sobre la base de la Declaración universal
de los derechos humanos y otros pactos y tratados internacionales relativos a
los derechos humanos (individuales y colectivos) y mediomabientales. Creemos en la necesidad y en la posibilidad
de la reforma de la ONU por tres razones fundamentales : su carta es
globalmente progresista y democrática ; el principio de su composición es
democrática (un Estado = un voto) – aun cuando debiera ser completado como se
sugirió más arriba, por un sistema de representación proporcional y
directa- ; en el transcurso de una parte de su pasado (años 1960 y 1970), la Asamblea general adoptó
resoluciones y declaraciones netamente progresistas (que en principio son de
aplicación) y creó ciertas instituciones útiles (l’OIT, la CNUCED, l’OMS…). La
situación del Banco Mundial y del FMI es totalmente diferente : su
constitución es antidemocrática, abiertamente despótica y el derecho de
veto otorgado al gobierno norteamericano vuelve imposible en futuro próximo
todo cambio significativo. El Banco Mundial no dudó en violar las resoluciones
de la ONU (en especial las que condenaron
a Africa del Sur en 1964 por el apartheid, y Portugal –por conservar un
imperio colonial) En cuanto a la OMC : si en principio su modo de
representación es democrático (un Estado = un voto), la fuente bautismal sobre la que nació la ubicò en una órbita
contraria a los intereses de la de la humanidad. De ahí la conveniencia de impedir
lo más pronto posible que siga causando estragos.
Otro
punto que no ha sido suficientemente debatido es el de un dispositivo
internacional de derecho, de un poder judicial internacional ( independiente de
las otras instancias de poder internacional), que complete el de la Corte
Internacional de Justicia y el de la joven Corte >Penal Internacional. Con
la ofensiva neoliberal de los últimos veinte años, la ley mercantil dominó
progresivamente el derecho público. Las instituciones internacionales antidemocráticas
como la OMC y el Banco Mundial funcionan con su propio órgano de justicia: el
Organo de arreglo de diferendos, parte integrante de la OMC y el CIRDI (Centro
internacional de solución de diferendos relativos a las inversiones) cuyo papel
aumentó en forma desmesurada desde la multiplicación de los Acuerdos
bilaterales sobre las inversiones (ABI). La carta de la ’ONU es (regularmente)
violada por los miembros permanentes de su Consejo de seguridad (en especial
Estados Unidos, Gran Bretaña). Nuevos espacios de negación del derecho son
creados (los prisionneros son embastillados a Guantanamo por los Estados
Unidos). Los Estados Unidos, después de haber recusado la Corte internacional de la Haya (que los
condenó en 1985 por haber agredido a Nicaragua), rechazan a la Corte penal
Internacional. Todo esto es extremadamente preocupante y exige urgentemente
iniciativas para completar un dispositivo de derecho. Eso implica un trabajo de
elaboración y de adopción del derecho internacional en los campos donde hay
ausencia e insuficiencias de definición. Un ejemplo : ciertos movimientos
proponen la creación de un Tribunal internacional de arbitraje sobre la deuda.
La idea es seductora, pero un interrogante aparece : qué derecho será
aplicado ? El derecho comercial internacional, el derecho comercial de los
Estados acreedores (cerca del 80% de los contratos de préstamos prevén la competencia de la jurisdicción
norteamericana o inglesa) ? En ese caso, es casi seguro que los deudores
saldrìan perdiendo. No es necessario primero (o simultánemente) aferrarse a la
definición del derecho que debe regir las relaciones entre acreedores y
deudores ?. Preguntar es
responder.
Al comienzo de este capítulo se
subrayaban los límites de la elaboración. La cuestión a la que hemos intentado
responder podría resumirse así: cómo salir de una economía de endeudamiento
para financiar un desarrollo sostenible y socialmente justo. Para responder,
hemos abarcado bastante, pero sin tener la pretensión de precisar un cuerpo
completo y coherente de proposiciones. Cuestiones fundamentales no han podido
ser tratadas en este capítulo aunque formen necesariamente parte de una
alternativa en el plano nacional y mundial. Algunas de las cuestiones que
deberían ser objeto de una elaboración específica: Cómo incluir la dimensión de
género en las diferentes propuestas a fin de que éstas permitan avanzar
realmente hacia la igualdad hombre/mujer? ¿Ocupa un lugar central la
proposición de instauración de cláusulas sociales para mejorar los derechos de
los trabajadores en el plano internacional? ¿Qué posición ante las cláusulas
medio ambientales? Qué estrategia
adoptar frente a las multinacionales?
Medidas complementarias están
en el centro de otros documentos preparados por diferentes redes o movimientos
internacionales como ATTAC, el CADTM, Vía Campesina, Focus on the Global South,
el Forum Mundial de las Alternativas, la Marcha Mundial de las Mujeres, Jubileo
Sur... o adoptadas en los grandes encuentros internacionales como las de Saint
Denis (junio 1999), Bangkok (febrero 2000), Ginebra (junio 2000), Dakar
(diciembre 2000) y Porto Alegre (declaraciones de los movimientos sociales
durante las tres primeras ediciones del Forum Social Mundial en 2001 2002, 2003
y 2004). Para ampliar el alcance de la alternativa, será útil recurrir a esos
documentos.
(*) Eric Toussaint es
presidente del CADTM (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo), miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, autor de
« La Bolsa o la Vida. Las Finanzas contra los Pueblos », Edit.
Abya Yala, Quito, 2002, 464 p.
[1] Este texto fue presentado en el 1er FSA en Quito en Julio 2004.
[2] El desarrollo sostenible es definido como el que « posibilita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades » citado por Passet, 2000, p.14. El concepto es el objeto de críticas porque es asociado en general, con la idea del crecimiento continuo. La intención del presente texto no es entrar en este debate sobre el desarrollo sostenible. Remitimos a los trabajos del grupo de trabajo sobre el desarrollo sostenible del Consejo Científico de ATTAC-Francia.
[3] Banco Mundial, OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF (en inglés : UNPD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WHO, World Bank) “Implementing the 20/20 Initiative. Achieving universal access to basic social services”, 1998, www.unicef.org/2020/2020.pdf
[4] Los organismos mencionados estiman a 80 mil millones de dólares por año (dólar de 1995) la suma complementaria que debe ser consagrada anualmente a los gastos relativos a los servicios sociales básicos concernidos, sabiendo que alrededor de 136 mil millones de dólares les son destinados. El monto anual requerido oscila entre 206 mil millones de dólares y 216 mil millones de dólares. Para los detalles del cálculo : ver el documento citado más arriba, p. 20.
[5] Según la revista Forbes 2001, Bill Gates, Larry Ellison, Paul Allen et Warren Buffett en 2002, se encontraban a la cabeza de una fortuna que se elevaba en 160,6 mil millones de dólares.
[6] Según la edición 2003 del Informe Mundial sobre la riqueza, (World Wealth Report 2003) realizado por el el consultante en gestion de fortunas Cap Gemini Ernst and Young y el banco de negocios Merrill Lynch, había en 2002 alrededor de 7,3 millones de millonarios en dólares (o sea alrededor del millionésimo de la población mundial) que tenía a su disposición 27,3 millones de millones de dólares (sin tener en cuenta el lugar de la residencia principal).
[7] Ver Médicos sin Fronteras Médecins (2002), « Accès aux médicaments et santé publique universelle ».
[8] Según MSF, « Sobre los 1 223 nuevos medicamentos que fueron comercializados entre 1975 y 1997, solo 13 estaban destinados a tratar enfermedades tropicales infecciosas y la mitad eran derivados de la investigación veterinaria. Solo 0,2% del presupuesto global de la investigación farmacéutica, que oscila entre 50 et 60 mil milllones de dólares, es destinado a las enfermedades respiratoiras aguda, tuberculosis, enfermedades diarreica responsables del 18% de muertes en el mundo ». En el mismo documento MSF explica que la firma farmacéutica Aventis abandonó en 1994 la producción del único medicamento eficaz y disponible para tratar la enfermedad del sueño. Según la firma farmacéutica, la rentabilidad era insuficiente.
[9] Claro, no se
trata de considerar que solo la garantía de las necesidad elementales estará a
cargo de los poderes públicos, el resto quedando en manos de la iniciativa
privada. Por ejemplo, los poderes
públicos deben ser responsables de asegurar el acceso universal y gratuito a la enseñanza secundaria y
universitaria.
[10] Plan Marshall (1948-1951): este plan fue concebido por la administración del Presidente demócrata Harry Truman, bajo el nombre de European Recovery Program. Luego se le conocerá por el nombre del Secretario de Estado de la época, Georges Marshall (que fue el general en jefe de estado mayor entre 1939 y 1945), encargado de asegurar su aplicación. Entre abril de 1948 y diciembre de 1951, Estados Unidos concedió, bajo forma de préstamos a 16 países europeos, una ayuda de 12,5 mill millones de dólares. El Plan Marshall intentaba favorecer la reconstrucción de Europa, devastada durante la segunda guerra mundial. En dólares de 2003, sería necesario reunir la suma de alrededor de 90 mil millones de dólares para obtener el equivalente del plan Marshall. Si se toma en consideración el conjunto de los reembolsos efectuados por los PED en 2002, es decir 343 mil millones de dólares, éstos han enviado, este año, a sus acreedores de los países más industrializados, el equivalente a más de cuatro Planes Marshall. En el mismo orden de ideas, desde 1980 los pueblos de la Periferia enviaron a sus acreedores del Centro más de 50 planes Marshall (más de 4 600 mil millones de dólares).
[11] Fuente :
Banco Mundial, GDF, 2003. Lo que es mencionado arriba va hasta el año 2003 (año
en el que el texto fue escrito). Pocas posibilidades existen que los flujos
vuelvan a ser positivos en 2004-2005.
[12] Para una presentación sintética ver Hugo Ruiz « La dette odieuse ou la nullité de la dette», contribución en el segundo seminario sobre Derecho interrnacional y la Deuda, organizado por el CADTM en Amsterdam en diciembre 2002. Texto disponible en el sitio del CADTM http://users.skynet.be/cadtm/pages/francais/nullitedettehugo.htm
[13] Cuba 1895-1898: En 1895, la guerra de independencia es desencadenada por el poeta José Marti, jacobino con ideas socialistas. El país entero está en guerra. José Marti organiza el Ejército de Liberación (más de 50.000 combatientes) e instituye la República en Armas. Más de 150.000 personas van a vivir en los territorios rebeldes. España libra la guerra totale en 1896-97, con campos de concentración muriendo en ellos unas 400.000 personas. Pero España fracasa a pesar de haber utilizado 250.000 soldados, viéndose obligada a conceder la autonomía en enero de 1898. Los revolucionarios no lo aceptan y continuan la guerra. Los Estados Unidos declara la guerra a España. Después de una breve campaña en el transcurso de la cual tuvo el apoyo de los revolucionarios cubanos, el ejército norteamericano ocupa victoriosamente la isla. Sin reconocer la república de Cuba, los Estados Unidos firman un pacto con España por el cual esta renuncia a Cuba (Tratado de París del 10 de diciembre de 1898). 1898-1902: La ocupación norteamericana dura casi cuatro años y obliga a los miembros de la Asamblea constituyente de 1901 a que adopten la enmienda Platt (1902). Cuba debe reconocer a Estados Unidos un derecho de intervención en la isla para "preservar la independencia cubana" y sostener un gobierno adecuado a fin "proteger la vida, la propiedad y las libertades individuales". Además, Washington recibe la base de Guantanamo, por un período ilimitado. El 20 de mayo de 1902, la República cubana es proclamada. Desde su nacimiento hasta la victoria revolucionaria del 1o. de enero de 1959, Cuba estuvo sometida a la dominación neo-colonial norteamericano (fuente : Yannick Bovy et Eric Toussaint, 2001, Cuba : le pas suspendu de la révolution, Cuesmes – Belgique, 2001, p. 36-37).
[14] En el
caso de Ruanda, el Comité de desarrollo internacional del Parlamento británico
evocó explícitamente la noción de deuda odiosa para pronunciarse en favor
de su anulación «Una gran parte de la deuda externe de Ruanda fué contraída
por un régimen genocida….. Algunos argumentan que esos préstamos fueron
utilizados para la compra de armas y que la administración actual,y en última
instancia, la población ruandesa, no debería pagar esas deudas “odiosas”..
Recomendamos al gobierno que pida a todos los acreedores bilaterales, en
especial Francia, para que anulen la deuda
contraída por el régimen anterior » ( in Report of the British
International Development Committee, mai 1998, citado por Chris Jochnick,
2000).
[15] Ver la contribución al segundo seminario sobre Derecho internacional y Deuda organizado por el CADTM en diciembre 2002, en Amsterdam, www.cadtm.org/pages/espanol/especuadorfreire.htm
[16] En general más un país es pobre, más elevada es la deuda que se debe al Banco Mundial y al FMI. En el caso de numerosos países africanos sin recursos naturales más del 70% de las deudas son debidas a las instutciones de Bretton Woods.
[17] Dolo : engaño cometido con el fin de llevar una persona a concluir un acto juridico o a firmar un contrato bajo condiciones que le son desfavorables (definición dada por le Larousse 2003).
[18] Joseph Stiglitz describe en la Gran desilusión una situación que remonta a la época en que era Vice presidente del Banco Mundial : « Une imagen habla mucho más que mil palabras y una foto sacada al vuelo en 1998 y mostrada en todo el mundo, quedó grabada en el espíritu de millones de personas, en especial en las ex colonias. Se vé al Director general del FMI (…), Michel Camdessus, un ex-burócrata del Tesoro francés, de baja estatura, bien vestido (…), parado, mirada severa y brazos cruzados, dominando al Presidente indonesio sentado y humillado (era el dictador Suharto derrocado pocos meses después por una insurrección popular NDLR). Impotente, se vé obligado a abandonar la soberanía económica de su país al FMI a cambio de la ayuda que necesita. Paradójicamente, una buena parte del dinero no sirvió, al fin de cuentas, para ayudar a Indonesia, sino para sacar de apuros a las « ex potencias coloniales » - los acreedores del sector privado. La ceremonia, al menos oficialmente, fué para la firma de una carta de intención -cuyos términos son dictados por FMI, pero por argucia, se hace como si dicha « carta de intención » hubiera sido el acto del gobierno ! », in Stiglitz, 2002, p. 71)
[19] Para un análisis del argumento de la fuerza mayor en materia de anulación de la deuda externa ver el estudio de Hugo Ruiz Díaz : « La dette extérieure : mécanismes juridiques de non paiement, moratoire ou suspension de paiement », contribución al primer seminario internacional del CADTM sobre Derecho internacional y la Deuda, Bruselas, diciembre 2001.
[20] CDI, Proyecto del artículo 31, A/CN, 4/315, ACDI 1978, II, vol. 1, p. 58
[21] En su formulación original : Contractus qui habent tractum successivum et dependetiam de futurum, rebus sic stantibus intelligentur.
[22] Charles Fenwick,
International Law (3e éd. 1948) : de manera similar uno de los textos
definitivos sobre el common law, explica que “una condición tácita,
ligada a todos los contratos es que
estos dejan de ser obligatorios desde el momento en que produce cambios
fundamentales en el estado de los
hechos y de las condiciones sobre las cuales estaban basados”, in Black’s
Law Dictionary 1267 (6e éd. 1990). Ver igualmente en la jurisprudencia
internacional el Laudo arbitral del de 11 de noviembre 1912 en el asunto del
empréstito de Estado Turquía/ Rusia en el que se dice : “ …la
excepción de la fuerza mayor …es oponible en derecho internacional ”
(Laudo arbitral, Recueil des Arbitrages internationaux, T. II, 1928, p.
545 et ss.). Asimismo, el Código civil argentino estipula que la obligación de
un deudor se extingue “cuando la
prestación que conforma la materia de aquella se revela imposible física o
legalmente imposible, sin falta del deudor” (Arts 724 et 888).
[23] En 2002,
los países de la Periferia reembolsaron grosso modo 343 mil millones de dólares (240 mil
millones de dólares en reembolso del principal y 103 mil
millones de dólares en intereses) mientras que recibieron nuevos préstamos
por un monto de alrededor de 248 millones
de dólares.
Si no hubieran reembolsado el servicio de la deuda y si no hubieran recibido ningún nuevo préstamo suplementario habrían economizado:
343 – 248 = 95 mil millones de dólares (fuente : World Bank, GDF 2003), o sea,
más que los 80 millones requeridos por
ellos para avanzar en la satisfacción de las necesidades elementales.
[24] Según Financial Times, de la fortuna que acumuló el dictador Ferdinando Marcos, estimada en 5 mil millones de dólares, que podría ir hasta los 10 mil millones de dólares, las autoridades filipinas recuperaron 658 millones de dólares. La complejidad del proceso radica en el hecho de que la Corte Suprema de Justicia suiza exigió que un tribunal filipino se pronunciara sobre la suma transferida por Suiza sobre una cuenta bancaria filipina, puesto que el entorno de Marcos quería recuperar ese dinero. En julio del 2003, La Corte Suprema de Justicia de Filipinas estatuyó por 12 votos en favor y una abstención que el dinero fué adquirido ilegalmente por Marcos y que en consecuencia debía ser puesto a la disposición de las autoridades filipinas. Financial Times, 16/07/2003.
[25] Tal proposición suscitaría en los neoliberales una reprobación en nombre de la equidad y de la libertad, pero sobre todo en el del sacro santo respeto de la propiedad privada. Sin embargo, los mismos no se molestaron en justificar una devaluación "tamtam" como la del franco CFA en enero de 1994 y otras tantas devaluaciones gracias a las cuales los ricos son cada vez más ricos. Es suficiente que los ricos tengan una parte de sus haberes en divisas fuertes para que esta parte del patrimonio aumente de manera inversamente proporcional a la devaluación. Los capitalistas de la zona CFA, teniendo conocimiento de que se preparaba una devaluación, compraron las divisas fuertes con « sus » CFA. Después que el CFA fuera devaluado de 50% en enero de 1994, les fué suficiente comprarlos con sus divisas fuertes para verlos duplicarse. Eso pasó en gran escala sin que dirigente alguno del Banco Mundial se quejara.
[26] El
economista francés Bruno Jetin publicó en 2002 un libro muy útil – y de una
extraordinaria lisibilidad– sobre la factibilidad y sobre la finalidad de la
tasa Tobin. En lo que se refiere al rendimiento de la tasa tipo Tobin (TTC),
« es razonable retener 100 mil
millones de dólares como recaudación mínima que podría aportar la
TTC, sin descartar la posibilidad que la recaudación sea entre dos y tres veces
más elevada ». Con respecto a la utilización de las recaudaciones aportadas
por la tasa tipo Tobin, B. Jetin
declara : « Nuestro punto de vista es que la totalidad de las
recaudaciones tiene que ser destinada por un lado, a programas internacionales
de interés común en los campos de la salud, la ecología, y por otro lado, a
programas nacionales de desarrollo en los países del Sur ». (Bruno Jetin, La taxe Tobin
et la Solidarité entre les Nation, Edition Descartes et Cie, Paris, 2002).
[27] Refiriéndose a las investigaciones de los relatores especiales de los grupos de trabajo de expertos y del Secretario general de la ONU.
[28] Por ejemplo, Venezuela miembro de la OPEP firmó acuerdos con una decena de países del Caribe – entre los cuales Cuba – y de América Latina en virtud de los cuales les vende petróleo a precio de « amigo », netamente inferior al que practica con los Estados Unidos, del cual es uno de los principales proveedores.
[29] “ Exercise such controls as are
necessary to regulate international capital movements ”.
[30] “ Hay que apuntar explícitamente la abolición del
desempleo, instrumento principal de una formidable discriminación social. Todos
los debates sobre la superación del trabajo asalariado, las maravillas de la
actividad plena y del tiempo liberado no deben volverse un obstaculo ya que no
podrán ser correctamente enunciados mientras todos los interesados no se hallen
reunidos para discutir esos temas.. Es por eso que la reducción generalizada
del tiempo de trabajo es el eje de una salida igualitaria de la crisis
social ” (Husson, 1996, p. 220). Tal proyecto implica el
control obrero para garantizar la plena aplicación de estas medidas, el ritmo y
la organización del trabajo (prohibición general de las horas suplementarias,
abolición del trabajo nocturno allá donde no es socialmente necesario, ninguna
aceleración de los ritmos de trabajo...).
[31] Es lo que François Chesnais muy bien vio: “ Dicho
en un lenguaje más claro, es exactamente el mecanismo más sólido creado por la
liberalización financiera de transferencia de riquezas de ciertas clases y
capas sociales y de ciertos países hacia otros. Atacar a los fundamentos del
poder de las finanzas supone el desmantelamiento de esos mecanismos y en
consecuencia la anulación de la deuda
pública, no solamente la de los paises más pobres, sino también la de todos los
países en las que las fuerzas sociales rechazan que los gobiernos continuen a
imponer a los ciudadanos la austeridad presupuestaria bajo la justificación del
pago de intereses de la deuda pública ». (Chesnais, Tobin or not
Tobin ?, 1998, p. 11).
[32] “ Nosotros
consideramos que se necesitan instituciones financieras internacionales para
actuar en forma duradera. Pero no podemos depositar nuestra confianza en las
orientaciones y el funcionamiento de las instituciones actuales. Lo que
esperamos específicamente de esas instituciones es la estabilidad del sistema monetario , la prevención de
crisis fiancieras y un sistema financiero que favorezca un desarrollo
respetuoso de los derechos humanos que para simplificar llamaremos desarrollo
sostenible” (Gus Massiah, juin 2001).